El debate presidencial de segunda vuelta dejó en evidencia dos visiones opuestas sobre el modelo económico que deberá guiar al Perú en los próximos cinco años.
Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, defendió la estabilidad macroeconómica, el apoyo a las micro y pequeñas empresas y el destrabe de grandes proyectos paralizados, con la meta de llevar el crecimiento al 6% al cierre de su mandato. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, planteó una agenda de industrialización, mayor presión tributaria y una canasta básica que suba de los actuales S/1,130 a S/1,500 en el primer año de gobierno.
El intercambio más tenso del bloque económico se produjo cuando Sánchez acusó a Fujimori de haber impulsado la Ley Climper 2, que a su juicio habría generado un forado de 20,000 millones de soles en las arcas del Estado y recortado el presupuesto del programa Beca 18. La candidata de Fuerza Popular rechazó los cuestionamientos y reafirmó su compromiso de duplicar dicho programa, financiándolo con recursos que hoy destina Petroperú a gastos operativos.
Dos recetas para salir de la pobreza
Sánchez advirtió que el número de peruanos en situación de pobreza ha saltado de 2.3 millones a más de 9 millones, y anunció un fondo de S/15,000 millones destinado a crédito accesible y asistencia técnica para emprendedores. Aseguró, además, que la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva garantizará la estabilidad financiera, buscando desactivar el «relato del miedo» sobre una posible confiscación de ahorros.
Fujimori, por su parte, estructuró su propuesta en cuatro ejes: estabilidad jurídica, eliminación de trabas burocráticas en la Sunat y Sunafil, fortalecimiento de Prompyme con más crédito barato y compras estatales, y reactivación del Fondo de Estabilización de los Combustibles. Para las mypes, prometió tributación cero y licencia de funcionamiento gratuita durante los tres primeros años.
Militarización de fronteras vs. reforma institucional
En materia de seguridad, Fujimori presentó su Plan de Pacificación Nacional, que contempla el despliegue de policías y militares en los sistemas de transporte metropolitano, el bloqueo de dinero proveniente de extorsiones y la expulsión de migrantes que cometan delitos. Propone además que las Fuerzas Armadas asuman el control de fronteras y que los reclusos trabajen para solventar su propia alimentación. Sánchez respondió con la creación de una nueva Policía de Investigación (PIP), la derogación de lo que denominó «leyes pro crimen» y la aplicación de muerte civil para funcionarios corruptos.
Presupuesto y acceso como eje del debate social
Fujimori anunció la repotenciación de 5,000 colegios, la entrega de 5 millones de kits escolares elaborados por mypes y el cumplimiento de la deuda social magisterial. En salud, destacó la telemedicina a nivel nacional, un fondo para enfermedades de alto costo y un plan gratuito para la primera infancia.
Sánchez, en cambio, reclamó destinar no menos del 6% del presupuesto nacional a educación y del 6% al 9% a salud, además de universalizar el ingreso gratuito a la universidad y garantizar un psicólogo por colegio, financiado parcialmente con la ley de apuestas deportivas.
Obras paralizadas y reforma de Petroperú
Fujimori también abordó la gestión del Estado: prometió ordenar Petroperú y recentralizar el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), con compras directas a productores locales y un bono de S/500 para madres de comedores populares.
En infraestructura, planteó plantas desalinizadoras en el norte, cochas en el sur y pozos en la selva, junto con un programa nacional de interconexión vial y la formalización de un millón de títulos de propiedad en cinco años.
Sánchez, por su lado, propuso descentralizar recursos presupuestales hacia centros poblados menores y llamar a referéndum para estabilizar el sistema político, en lo que calificó como el fin de «las vacancias que ha impuesto la señora del caos».
El debate cerró sin que ninguno de los dos candidatos cediera terreno en sus posiciones centrales. Para los mercados y el empresariado, la disyuntiva quedó clara: continuidad del modelo de libre mercado con ajustes sociales, o una transformación más profunda del rol del Estado en la economía.