Denuncias y presuntas infracciones constitucionales es lo que afronta el presidente de la República, Pedro Castillo, en poco más de un año de mandato. La fiscal de la Nación interpuso una denuncia constitucional por el presunto delito de organización criminal, mientras que el Congreso lo investiga por traición a la patria.
Conoce a continuación qué procesos investigatorios vigentes tiene el presidente Pedro Castillo actualmente:
Denuncia constitucional
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, interpuso ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en los casos «Provías Descentralizado-Puente Tarata«, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
De acuerdo con la tesis fiscal, el presidente encabezaría una organización que operaba al interior de Palacio de Gobierno y que tenía como fin obtener coimas a cambio de obras y puestos clave.
La investigación también incluye a Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y actualmente prófugo de la justicia, Geiner Alvarado, extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
La SAC aprobó la admisión de la denuncia de la Fiscalía contra Pedro Castillo y los ministros con 13 votos a favor y ocho en contra, por lo que el documento se encuentra Comisión Permanente a la espera de fijar fecha para el inicio de la investigación formal.
Denuncia por traición a la patria
La acusación por traición a la patria se sustenta en las declaraciones presidente Pedro Castillo, brindó la medio internacional CNN. En entrevista con el periodista Fernando del Rincón para el programa Conclusiones, donde propuso una eventual salida al mar para Bolivia.
«Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera».
El informe final de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales (SAC), que cuenta con 89 páginas, sostiene que la declaración «vulneraría mandatos constitucionales» comprendidos en artículos 32, 54, 110, 118 de la carta magna, por lo que recomienda «acusar por antejuicio político al investigado, en su condición de presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria» e inhabilitarlo «por cinco años para el ejercicio de la función pública«.
Actualmente, la denuncia ya fue aprobada por la SAC y se encuentra en la Comisión Permanente a la espera de ser aprobada. De prosperar, se elevaría al pleno donde debe ser debatida y posteriormente votada con mayoría simple del quorum.