La Contraloría General de la República calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones.
Esto significa un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado y refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022, informó el contralor general, Nelson Shack.
«En el año 2019 vimos una tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional. En el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7», afirmó Shack.
De acuerdo con el Contralor, en términos de dinero, en el 2019 perdimos S/ 23 297 millones, pero en el 2023 hemos perdido alrededor de S/ 1000 millones más.
«Esto se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, acotó.
Corrupción por entidad
El titular de la Contraloría precisó que, para el Gobierno Nacional, el monto aproximado en corrupción fue de S/ 11 992 millones, lo que significa un nivel de incidencia del 11%.
En el caso de gobiernos regionales, el monto es de S/ 7615 millones, con una incidencia de 15%. Para los gobiernos locales, la suma por corrupción es de S/ 4660 millones, cuya incidencia es de 13%.
Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8963 millones, seguido de Abastecimiento con S/ 8836 millones y Recursos Humanos con S/ 6469 millones.
Regiones más corruptas
En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional fue el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado.
El segundo lugar fue para la región Tumbes con una incidencia de 17.5%, seguido de Ucayali (16.5%).
La lista de las 10 regiones más corruptas del 2023 son: Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y con Apurímac (14.4%).
Sin embargo, las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado y colocan a Piura en el primer lugar con S/ 1501 millones de pérdida por efectos de la corrupción y la inconducta funcional del 2023, seguido de Cusco con S/ 1352 millones, y Áncash con S/ 1311 millones.
Le siguen Callao con S/ 1227 millones y La Libertad con S/ 1131 millones.
Las otras regiones que completan las diez primeras ubicaciones del perjuicio extrapolado son Arequipa (S/ 928 millones), Puno (S/ 887 millones), Cajamarca (S/ 813 millones), Loreto (S/ 800 millones) y Junín (S/ 671 millones).
Presuntos responsables
El Contralor General informó que se pudo determinar que 9338 funcionarios públicos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional.
De ese total, existen 5436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3394 tienen responsabilidad civil y 4030 tienen responsabilidad penal.
Cabe precisar que un mismo funcionario podría registrar más de un tipo de responsabilidad.
Agenda de control 2024
El titular de la Contraloría adelantó que el Plan Nacional de Control (PNC) aprobado para el presente año establece que la meta es ejecutar más de 50 mil servicios de control, de los cuales 38 200 servicios son de control simultáneo, 11 670 son de control posterior y 130 de control previo.
“En el 2017, la Contraloría solo cubría el 27% de las entidades públicas. En el 2023 fue del 67% y en el 2024 será de 95%, prácticamente vamos a tener cobertura plena. Por primera vez vamos a poder hacer acciones de control en cada distrito del Perú”, manifestó Nelson Shack.
Parte del Plan Nacional de Control tiene previsto ejecutar seis operativos de control en: Seguridad Ciudadana (supervisión a más de 1400 entidades públicas tales como el Ministerio del Interior, comisarías, escuelas de la PNP, gobiernos regionales y municipios; Discapacidad e Inclusión Social, en 1800 entidades públicas.
Asimismo, el Buen Inicio del Año Escolar 2024 (control sobre los colegios de Educación Básica Regular); Espacios Culturales, con la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre el ingreso de visitantes a nueve espacios culturales en siete departamentos.
La Contraloría también pondrá en marcha el operativo sobre consultorías para promover que las entidades públicas cumplan la normativa vigente respecto al Registro para el Control de Contratos de Consultorías en el Estado.
Finalmente, el operativo denominado “Deporte para Todos”, donde se fiscalizará las transferencias realizadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y los 200 inmuebles bajo su administración.
