La Central Térmica Malacas de la empresa eléctrica Enel Generación Piura podría cerrar operaciones a causa de un fallo dictado por el Juzgado Civil de Talara, que ordenó la transferencia forzada del ducto de gas natural que la abastece de este hidrocarburo y que le pertenece desde 1996.
Esta medida, ilegal e inconstitucional según el análisis de Enel Generación Piura, y que solo beneficia a la empresa Gastalsa, traería como consecuencia un grave impacto al medio ambiente y a la economía de la región, la pérdida de cientos de puestos de trabajo y afectaría también la masificación del gas natural en la ciudad de Talara.
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En febrero de este año, el juez José Efraín Carrasco Villegas dispuso mediante una medida cautelar la transferencia forzosa del gasoducto de Enel Generación Piura aplicando una norma del año 2008.
Sin embargo, la empresa tiene la propiedad de dicho gasoducto desde 1996, cuando este fue adquirido por el Estado Peruano.
La norma aplicada por el juez Carrasco supone la aplicación retroactiva de una norma, lo que no es posible bajo la ley peruana. Inclusive, el Ministerio de Energía y Minas, en el 2016, determinó en forma definitiva que el ducto de Enel Generación Piura no puede ser transferido forzosamente a ningún concesionario de gas.
El gerente general de Enel Generación Piura, Rigoberto Novoa, explicó que la referida transferencia del ducto encarecería los costos operativos de las turbinas de la central al extremo de obligarlos a cerrar la planta porque ya no sería económicamente sostenible.
“Malacas no solo es la principal planta de generación eléctrica del norte peruano, sino que también consume cerca del 90% del gas natural que se produce en el área. En consecuencia, su cierre no solo representaría una amenaza a la reserva energética de esta zona del país, sino también un fuerte golpe al empleo, a las comunidades beneficiarias de estas industrias y la economía de la región”, enfatizó.
El cierre de Malacas provocaría la pérdida de alrededor de 400 puestos de trabajo asociados a la operación de la central térmica, que incluye contratos con empresas contratistas que ascienden a unos 20 millones de soles anuales.
De igual manera, se cerrarán los programas sociales en salud, educación y medio ambiente que Enel viene desarrollando en la región y que benefician a más de 15 mil personas en Talara. E inclusive se perdería el aporte que realiza la empresa al fisco por el pago de impuestos, monto que alcanza los 14 millones de soles al año
El cese de operaciones de la central también obligaría a los principales operadores petroleros de la región a reducir significativamente sus actividades extractivas y en el extremo cerrar sus operaciones en el corto plazo, ya que no sería sostenible que venteen o quemen volúmenes tan grandes de gas natural no comercializado, dado que tienen una capacidad limitada de reinyección.
“Esto generará también un problema medioambiental. Son 25 millones de pies cúbicos de gas natural al día los consumidos por Malacas. Una gran parte de esta cantidad de gas sería liberada al ambiente o quemada hasta que los productores logren reestructurar sus operaciones”, explicó.
Enel Generación Piura participará el próximo 21 de junio en la audiencia pública convocada por la Corte Superior de Justicia de Sullana, que resolverá el caso en segunda instancia.
“Esperamos que el tribunal de Sullana analice con detalle el caso y revoque este fallo y ratifique la propiedad intransferible en forma forzosa de nuestra empresa sobre el ducto, la cual inclusive fue revalidada en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas», sostuvo