La Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró por trigésima (30°) vez y por abrumadora mayoría su posición contra el bloqueo o embargo económico de Estados Unidos a Cuba y pidió que se ponga fin a ese castigo unilateral.
La resolución de rechazo obtuvo 185 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 2 abstenciones (Ucrania y Brasil).
Con su voto, Brasil fracturó por tercera vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. Las tres veces han sido durante el gobierno de Jair Bolsonaro. La primera vez fue cuando votó en contra en 2019, y la segunda fue cuando se abstuvo en 2021, al igual que Colombia.
El texto aprobado reafirma, entre otros principios, “la igualdad soberana de los estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”.
Asimismo, exhorta a todos los estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas que los contravengan, e insta a la derogación de ese tipo de medidas a quienes aún las impongan.
¿Qué es el bloqueo a Cuba?
La ley promulgada por Bill Clinton el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”, tiene el objetivo de desalentar la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo cubano.
Esta ley codificó las regulaciones del bloqueo económico estadounidense frente a Cuba, extendió su alcance extraterritorial (aplicación a otros países distintos del que promulga la ley) y establece la posibilidad de negar la entrada al territorio estadounidense a los directores generales de empresas internacionales (y sus familiares) que hayan invertido en propiedades «confiscadas» tras la revolución cubana.
Según la Asamblea General de la ONU, esta ley tiene efectos extraterritoriales que afectan a la soberanía de otros estados, los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y la libertad de comercio y navegación.
Al explicar su voto, uno tras otro, los representantes de los estados destacaron el carácter ilegal del embargo, afirmando que constituye una violación flagrante y sistemática de la Carta de las Naciones Unidas, y exigieron su levantamiento.
Los delegados destacaron el daño injustificado que el bloqueo inflige al pueblo cubano al privarlo de ingresos indispensables e insumos tan esenciales como los medicamentos.
De igual manera, encomiaron al unísono la respuesta de Cuba al COVID-19, que incluyó el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, y su solidaridad con otros países durante la emergencia sanitaria pese a sus limitados recursos.
La resolución A/77/L.5 se suma a las 29 que se han adoptado desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre este tema, con la única excepción del año 2020, a causa de la pandemia de COVID-19.