Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR), una organización sin fines de lucro con sede en Países Bajos, presentó el pasado miércoles 10 de enero una demanda contra Repsol. El motivo de la demanda es el derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla en el 2022, que afectó a diversas comunidades en Perú.
La denuncia fue interpuesta ante la corte de La Haya en los Países Bajos, y según SEFR, cuenta con el respaldo de más de 34 mil ciudadanos de las zonas peruanas de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla. Estas comunidades se vieron directamente perjudicadas por las consecuencias del derrame.
La firma legal Pogust Goodhead asumió la responsabilidad de la defensa de SEFR en este caso. En una nota de prensa, Pogust Goodhead informó que la primera audiencia está programada para el próximo mes de junio. Durante esta audiencia, se determinará si la demanda procede dentro de la jurisdicción de la corte de La Haya, marcando así el inicio de un proceso legal que podría tener importantes implicaciones económicas para Repsol.
Respuesta de Repsol
Infomercado se comunicó con la Gerencia de Comunicación Corporativa de Repsol Perú y dijeron que están revisando los alcances del reclamo presentado en nombre de un grupo de presuntos afectados por el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla.
Asimismo, la empresa considera que la demanda carece de fundamento y sostiene que este tipo de casos deberían ser abordados en el país afectado, en este caso, Perú. La compañía reafirmó su respeto por el derecho de las personas de acudir al sistema de justicia cuando lo consideren necesario.
Hasta la fecha, Repsol ha destinado más de 1,000 millones de soles para llevar a cabo tareas de limpieza, remediación y compensaciones. Según la información proporcionada por la compañía, el 98% de los afectados identificados por el Gobierno Peruano ha recibido compensaciones totales.
Repsol destaca que, de acuerdo con mediciones realizadas por laboratorios acreditados y los resultados publicados en los informes de las autoridades ambientales de Perú, el agua en el mar y las playas afectadas cumplen con los más altos estándares de calidad ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. Según la empresa, estas áreas son aptas para el regreso de las actividades turísticas y pesqueras en la zona.