La defensa legal de Pedro Castillo presentó una solicitud de tutela de derechos con el fin de dejar sin efecto la denuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Poder Judicial confirmó que, en segunda instancia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación del mandatario. Ello significa que sigue incluido en los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda. Los delitos de los que se le acusa, son tráfico de influencias y colusión, así como de liderar una organización criminal. Todo ello, en agravio del Estado.
El Poder Judicial detalla, en una publicación, que al desestimar la tutela de derechos, determinan que seguirán adelante con las investigaciones en contra del actual presidente de la República.
Los argumentos de las partes involucradas
Pedro Castillo aduce que solo existen cuatro causales para abrirle el proceso en este momento, y la acusación no cumple con ser ninguna de ellas. Sin embargo, la Corte Suprema se mantiene firme en su posición. Advierte que, aunque no exista precedentes de esta acción, tampoco se están vulnerando los derechos de Castillo Terrones. Y es que, antes, no se han presentado denuncias de esta naturaleza contra presidentes en pleno ejercicio de sus funciones como jefes de Estado.
Además, el juez supremo César San Martín, se respalda en la persecución del delito. Sostiene que esta obligación constitucional hace indispensable el realizar las diligencias preliminares. Ello, con el fin de evitar la pérdida de fuentes o pruebas.
Por otro lado, el juez Juan Carlos Checkley afirmó, en primera resolución, que no se encuentra dentro de sus facultades el desestimar o declarar una denuncia constitucional sin efecto o nula. Él refiere que es el Congreso de la República a quien le compete tomar decisión.
Cabe señalar, que esta situación no ocurre por primera vez. El pasado 7 de noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también declaró improcedente la tutela de derechos presentada por Pedro Castillo.
