Hasta nuevo aviso se suspendió el informe oral del proceso disciplinario seguido contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Este se aplazó debido a la inhibición no notificada de la consejera Imelda Tumialán Pinto. Esto quiere decir que Tumialán Pinto se abstuvo de ser parte de la evaluación y los involucrados—como la propia Barrios Alvarado—no fueron informados.
Es más, la presidente del PJ advirtió el hecho cuando, ya iniciada la sesión virtual, se notó la ausencia de la consejera. Barrios alertó que de continuar con la audiencia, esta se podría invalidar por no respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Para Elvia Barrios resulta relevante el número de consejeros presentes, pues de ellos depende los votos que reciba a favor o en contra de su destitución.
La Junta se tomó unos minutos para deliberar lo sucedido. Se encontró que el apartamiento voluntario se produjo con respecto al juez supremo Javier Arévalo Vela y otros magistrados. Este data del 12 de febrero del año pasado y fue aceptado el 17 de febrero del mismo 2021. De esta manera, Imelda Tumialán, ya no formaría parte de procesos relacionados a Arévalo Vela y demás. La inhibición se hizo extensiva al proceso de Barrios Alvarado, puesto que se incluyó a Javier Arévalo y Walde Jauregui.
Un situación similar ya se había suscitado antes. El procedimiento de ratificación del título de jueces supremos de Barrios y Javier Arévalo Vela programado para el 29 de octubre, también se suspendió.
¿Por qué se les investiga a Elvia Barrios?
Elvia Barrios, Javier Arévalo Vela y Walde Jauregui se enfrentan a procesos disciplinarios de destitución. Hablamos de la presidente del PJ, el juez supremo y un exmagistrado. La investigación estuvo a cargo de siete consejeros, previa evaluación de uno de los miembros titulares, Guillermo Thornberry.
La Junta Nacional de Justicia planteó dicha sanción para ellos, debido a una presunta falta de ética: pese a tener familiares directos trabajando en el JNE, no lo denunciaron. Este mal accionar, ocurrido en el 2015, se contrapone a lo estipulado en la Ley 30225.
Procedimientos y pedidos
Thornberry no participa de la decisión final. Esto se debe a que, en base a las indagaciones realizadas, ya tiene una opinión formada. Así, los otros seis consejeros deben votar y por mayoría, determinar el resultado. El que Imelda Tumialán no participe significa que solo participarían cinco personas de la decisión y que se le podría destituir con tres votos.
Elvia Barrios recordó que había realizado un pedido de desacumulación del expediente, el cual le denegaron. Este implicaba que su caso sea visto por separado de los del juez supremo y el exmagistrado.
Además, se señala un hecho. Los procesos administrativos tienen una fecha de caducidad, y en este caso de nueve meses. Poco antes que se venciera el plazo, lmelda Tumialán firmó una resolución que ampliaba la investigación por tres meses. Falta determinar las fechas en que se suscribieron los documentos, porque de encontrarse Tumialán ya inhibida, quedaría nulo el proceso.
Tribunal Constitucional
El proceso ya habría prescrito por la cantidad de tiempo que ya pasó desde la presunta falta (7 años) y los que pasaron desde que se hizo pública (4 años). Adicionalmente, el Tribunal Constitucional aclaró que la Ley 30225 en la que se sustenta el pedido de destitución no resulta aplicable en este caso.
Ello debido a que la normativa prohíbe que los familiares directos laboren en el mismo ámbito o sector que el funcionario público. En el caso de Barrios, sería el Poder Judicial; sin embargo, su familiar trabajó en el Jurado Nacional de Elecciones.
Por otro lado, el 1 de diciembre se elegirá a un nuevo juez supremo. Javier Arévalo figura como candidato, por lo que el no culminar con el proceso, genera incertidumbre y confusión en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En relación a ello, Elvia Barrios solicitó celeridad en la deliberación.
