El Colegio de Economistas de Lima (CEL) presentó el 14 de julio su primera demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32561, que modifica el régimen de pensiones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según estimó el Consejo Fiscal, la norma tendría un impacto fiscal neto de S/46,000 millones en valor presente.
José Manuel Mesía Herrera, presidente del gremio, explicó a Economía para Todos de RPP que la acción responde al efecto de la ley sobre las finanzas públicas y no cuestiona a las Fuerzas Armadas ni a sus pensionistas. «Estamos actuando contra el tema fiscal», señaló.
La Ley 32561 dispone aumentos de entre S/237 y S/1,038 mensuales para el personal militar y policial en retiro. Mesía Herrera cuestionó que la norma recurra a la denominada «cédula viva» para sus cálculos actuariales, un esquema que, según la posición del CEL, ya había sido derogado.
El gremio prepara además una segunda demanda contra la Ley 32581, que otorga una pensión de S/3,500 a los maestros cesantes y jubilados.
«Yo la firmé y calculo que en una semana debe estar presentada. Está en revisión», indicó Mesía Herrera. Es la primera vez que la institución activa sus facultades constitucionales para acudir directamente al TC.
Las dos leyes forman parte de un grupo de cuatro normas que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, busca derogar por su alto costo fiscal.
El titular del MEF precisó a RPP que su ministerio presentará las demandas contra las leyes que benefician a trabajadores CAS y al Cafae, mientras que las acciones contra las pensiones de militares, policías y maestros ya fueron interpuestas por el Colegio de Economistas.
El Consejo Fiscal había advertido en marzo que las leyes aprobadas por el Congreso anterior generarían obligaciones permanentes de gasto por S/11,400 millones al año, sin contar otras iniciativas pendientes de segunda votación.
Mesía Herrera advirtió que estas normas trasladan el problema hacia el futuro, pues obligan al Estado a asumir nuevos compromisos con recursos que podrían destinarse a gasto corriente en lugar de inversión.
«En lugar de ahorrar en momentos en que tenemos precios de intercambio históricamente altos, se han aprobado normas que presionan cada vez más al déficit fiscal», cuestionó.