Cerca de 350,000 estudiantes de educación superior abandonan su formación debido a la crisis del COVID-19.
Un 35% de ellos se encuentran en universidades y un 30% en institutos.
Frente a este panorama, Ángel Arteaga, especialista en Gestión y Negocios de Cibertec, explicó a La República que esto puede afectar la remuneración que perciban y la productividad de las empresas.
Artega explica que la mayoría de estudiantes que buscan los recursos necesarios para cubrir las necesidades de su hogar y formación no están calificados para un puesto. Por ello, es posible que se les pague menos.
El especialistas acota que »si las personas que contratan aún no han terminado su formación, es posible que su desempeño en el puesto que ocupen no sea el óptimo. Eso podría reducir la productividad del negocio».
Arteaga considera que el Estado debería subsidiar, como mínimo, la mitad de una pensión en una universidad o un instituto privado.
Además, recomienda al Ejecutivo trabajar de la mano con las instituciones educativas. De esta manera, podrán conocer cuántos son los estudiantes que han desertado y qué perfil tienen para, según ello, brindarles el apoyo correspondiente.
