El ritmo de masificación del gas natural en el Perú se redujo a casi la mitad en 2025.
Ese año se conectaron unos 147 mil nuevos usuarios, frente a los 279 mil de 2024 y los 288 mil de 2023, según el “Informe del sector gas natural en el Perú 2026”, elaborado por Promigas Perú.
El freno llega tras un quinquenio de avances.
Entre 2020 y 2025, las conexiones se duplicaron, de 1.2 a 2.6 millones, y la cobertura subió de 14% a 25% de la población.
Hoy, uno de cada cuatro peruanos vive en un hogar con acceso al servicio.
El documento se presenta justo cuando el país inicia un nuevo periodo de gobierno, que el informe ve como una oportunidad para retomar el ritmo.
Las revisiones tarifarias frenaron las inversiones
El informe identifica varios casos que explicarían la desaceleración.
El principal es la Concesión Norte: en su primera revisión tarifaria, para el periodo 2025-2028, no se le reconoció cerca de 45% de las inversiones eficientes realizadas hasta entonces.
Con la nueva tarifa, la concesionaria Gases del Pacífico frenó las inversiones para ampliar su cobertura y las nuevas conexiones se redujeron drásticamente.
Según el estudio, no sería un caso aislado. En Ica, tras la fijación de la tarifa en 2022, las nuevas conexiones de Contugas cayeron de manera significativa.
El informe advierte que algo similar podría ocurrir en Lima y Callao, donde el regulador reconoció cerca de 20% menos inversiones de las sustentadas por Cálidda para 2026-2030.
Para el análisis, el origen del problema es un proceso de fijación tarifaria arbitrario y sin sustento técnico-legal, que busca una competitividad artificial sin medir sus consecuencias sobre la sostenibilidad de la concesión.
Previsibilidad, la condición para seguir invirtiendo
El documento sostiene que la masificación se hace con capital privado dentro de concesiones reguladas.
Por eso, su velocidad depende de que invertir en una red de distribución peruana siga siendo un negocio previsible y rentable.
Para mejorar esa previsibilidad, plantea cuatro ajustes: someter a consulta la metodología de proyección de la demanda, prever una transición gradual hacia la primera tarifa regulada, crear una instancia técnica independiente que revise las discrepancias y mejorar las reglas de designación del consejo directivo de Osinergmin.
El informe también pide corregir la tarifa nivelada.
Esta norma fue aprobada por insistencia del Congreso, pese a las observaciones del Ejecutivo, y tal como quedó redactada excluye a los usuarios de mayor consumo.
Para lograr equidad en el acceso a gas natural competitivo en las regiones, propone extender el mecanismo a todos los usuarios regulados.
Cuatro proyectos podrían llevar el gas al sur del país
El reporte señala que el sector llega al nuevo ciclo político con una agenda madura: adendas negociadas durante años, proyectos con expediente técnico y una cartera de inversión privada que no depende del presupuesto público.
Además, la gestión entrante colocó la masificación entre las prioridades de su programa de gobierno.
El proyecto más avanzado es la adenda al contrato de Cálidda.
Llevaría el gas natural a 15 localidades de siete regiones del centro y sur, con la misma tarifa de Lima y Callao.
Implica una inversión de cerca de US$600 millones y beneficiaría inicialmente a más de 200 mil usuarios.
Los otros tres proyectos, que definirían la llegada del gas al sur, no tienen fecha cierta:
- La extensión del gasoducto de transporte propuesta por Transportadora de Gas del Perú (TGP) requiere una inversión privada cercana a US$2,100 millones y está en evaluación del Ministerio de Energía y Minas.
- El gasoducto regional del Cusco continúa en estudio de perfil.
- La nueva Concesión Sur Oeste se adjudicaría recién en 2028, aunque la administración provisional de Petroperú vence en diciembre de 2026.
Sin exploración, las reservas alcanzan para unos 13 años
El informe plantea que masificar el gas también exige asegurar la oferta. En 2025 no se perforó ni un solo pozo exploratorio y, al ritmo de producción actual, las reservas probadas alcanzarían para unos 13 años.
En Camisea, que concentra 95% de la producción, no se perfora un pozo exploratorio desde 2017, porque el plazo de los contratos no permitiría recuperar nuevas inversiones.
Frente a ello, propone simplificar permisos, revisar las condiciones de las licitaciones y modernizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El documento añade que la afectación al ducto del sistema principal de transporte, ocurrida el 1 de marzo de 2026, redujo el suministro de Lima en cerca de 90%.
Para el informe, esto evidenció la necesidad de proyectos de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), como una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), microplantas de licuefacción y plantas de regasificación.