Este sábado 7 de enero se cumple un mes del reprobable mensaje a la Nación que acabó con el mandato del entonces presidente Pedro Castillo. Luego de anunciar el cierre del Congreso, la reestructuración del Poder Judicial y declarar estado de excepción a nivel nacional, el exmandatario fue detenido por su personal de seguridad.
El autogolpe de Estado acabó dos horas después, cuando el Congreso votó a favor de la vacancia presidencial, dando por concluido el gobierno de Castillo, quien se encontraba de camino a la embajada de México. Antes de llegar a su destino fue detenido por su seguridad personal por órdenes de la Policía.
Posteriormente, cumplió siete días de detención preliminar en la sede de Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional. El jueves 15 de diciembre del 2022 el Poder Judicial resolvió dictar 18 meses de prisión preventiva en su contra, decisión que fue ratificada en segunda instancia por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Desde entonces, por la defensa legal de Castillo han pasado doce abogados: Aníbal Torres, Víctor Pérez Liendo, Guillermo Olivera, Ronald Atencio, Miguel Pérez Arroyo (exdefensor del expresidente Alberto Fujimori), Raúl Noblecilla, Ítalo Díaz y Jhans Ventura (abogados de oficio), Wilfredo Robles, Paulino Loa y Sandro Balvín.
¿Cuál es la situación judicial de Pedro Castillo?
Pedro Castillo afronta una pena no menor de 10 años por los delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, por los hechos ocurridos el 7 de diciembre. De manera adicional, la Fiscalía lo investiga por seis casos: «Los Niños», «Gabinete en la sombra«, Puente Tarata III, Petroperú, la fuga de funcionarios ligados a su gobierno y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Policía.
En el Ministerio Público se encuentran abiertas las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada. Asimismo, contra la administración pública por encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno.
A esto se suma la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.
