El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, señaló que la corrupción judicial tiene un costo para el Perú que podría superar los cuatro mil millones de soles; además que deteriora la competitividad y desarrollo del país.
Explicó que para esta estimación, la Gerencia de Políticas Públicas de la SNI planteó que si de todos los factores que inciden en la producción nacional, solo mejoramos el sistema de justicia, alcanzando el estándar ético del Poder Judicial de Chile (el país menos corrupto de la Alianza del Pacífico, según el Foro Económico Mundial), el valor de nuestro PBI sería de cuatro mil millones de soles más que el actual.
Ricardo Márquez destacó que las últimas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, a fin de establecer una lucha frontal contra la corrupción, son una iniciativa que debe ser apoyada por todos los actores políticos y sociales del país, destacó el empresario.
“La corrupción es especialmente nociva para el crecimiento económico porque desalienta la inversión, al dañar la predictibilidad del sistema jurídico; y, de esta forma, hacer más riesgosos y menos productivos los emprendimientos empresariales. Además, reduce la creación de empleo porque genera incertidumbre jurídica, inestabilidad política e inseguridad pública”, manifestó Ricardo Márquez.
En ese contexto, el titular de la SNI insistió que es urgente la adopción de estándares anticorrupción por parte del sector privado y del Estado; a fin de combatir estas prácticas que deterioran la competitividad, el desarrollo de los países y perjudica a la población al impulsar la informalidad, el desempleo y la pobreza.
Márquez afirmó que la relación negativa entre corrupción judicial y desempeño económico se pone de manifiesto cuando países como Finlandia, Nueva Zelanda o Noruega, a la vez que exhiben los menores niveles de corrupción judicial del mundo, son las naciones con los más altos estándares internacionales de competitividad.
En ese sentido, la SNI propone la adopción de la norma ISO 37001 con la finalidad de promover las buenas prácticas corporativas, así como la implementación de la reforma integral del sistema peruano de justicia, el cual conlleve a un Poder Judicial independiente, predecible y objetivo, imprescindible para atraer inversión y crear los empleos formales.