El pasado 20 de enero, el Congreso de la República emitió la «Nueva Ley de Organizaciones de Usuarios» donde se transfiere la gestión de la infraestructura hidráulica mayor, de los Gobiernos Regionales a las Juntas de Usuarios (JU).
Para el Minen los usuarios no agrarios no pueden integrar las JU; y esto pone en riesgo su participación en la gestión de los recursos hídricos.
Proyecto alternativo
El ejecutivo estableció que presentaría un proyecto alternativo para regular la propuesta del Congreso. Sin embargo, la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú (Conajup) se reunirá con la presidenta Dina Boluarte para impulsar la autógrafa del legislativo.
Para el Ministerio de Energía y Minas (MINEN) esta Ley excluye a los usuarios no agrarios, como las mineras, en la gestión del agua. Aunque el legislativo propone su integración en las JU, para el ejecutivo es inviable por no compartir la misma naturaleza.
Como es sabido, las JU representan a las usuarios agrarios, y por lo tanto los intereses no son los mismos. Además, otro punto que destaca el Minen es que estas no cuentan con la capacidad de administrar una infraestructura mejor. Ya que estas requieren seguros y presupuestos de financiación especiales en casos de contingencia.
La politización de los recursos
El especialista Julian Li, socio del área de recursos hídricos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, señala que dejar que las JU administren los recursos hídricos darían pie a la politización del recurso.
Este hecho generaría inseguridad en el abastecimiento del agua para actividades productivas y limitaría los intereses no agrarios.
Barreras operativas
Para los anteriores representantes del Minen, Rómulo Mucho y Carlos Herrera, poner las operaciones mineras a criterio de las JU sería un riesgo para la producción minera y por lo tanto un desincentivo para las potenciales inversiones en el sector.
Ambos de destacan que la minería por ser una actividad rentable para nuestro país no debe padecer barreras operativas o limitantes que afecten su producción. Y aunque puede que, a corto plazo, no represente un peligro para el sector por la existencia de contratos vigentes, si lo es para futuras inversiones.