El mes pasado, el Congreso de la República aprobó reducir la tasa de IGV de 18% a 8% para las mypes del sector hoteles y restaurantes hasta el 31 de diciembre de 2024, sumándose a la lista de beneficios tributarios que se han venido impulsando durante el año.
A pesar de las buenas intenciones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la propuesta generaría una mayor evasión fiscal e informalidad laboral, problemas que ya predominan dentro del rubro al cual se le aplicará la norma.
De acuerdo a las cifras del Ministerio de la Producción (PRODUCE), cerca de 73000 mypes del sector en cuestión dejaron de operar o pasaron a la informalidad entre el 2019 y el 2021.
La cifra anterior representó una caída de 33%, siendo casi cuatro veces superior a la registrada en promedio por el resto de actividades. Además, el número de empleos en el sector durante los últimos dos años se redujo 15% en total.
No obstante, gracias a la flexibilización de restricciones de aforo, el sector alojamiento y restaurantes ha comenzado a recuperar los niveles de actividad, ya que las estadísticas de la Sunat muestran que en mayo del 2022, las ventas declaradas por las empresas formales de turismo y hotelería, ajustadas por inflación, superaron por primera vez los montos registrados previo a la pandemia.
Evasión
Los cambios en la política tributaria aprobados por el Congreso no son el instrumento más apropiado para recuperar el empleo, sino que sienta un precedente negativo que podría conducir a una mayor erosión de la recaudación, según Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat.
El especialista señaló que el uso de tasas diferenciadas del Impuesto General a las Ventas (IGV) de acuerdo al tamaño de empresa, alentaría una mayor adopción de hábitos elusivos que ya están instalados en el sector.
Asimismo, la creciente informalidad que registra el rubro desde hace un tiempo atrás, apunta a que los niveles de evasión se habrían incrementado por la pandemia.
Por ello, este sector ostenta una de las mayores tasas de informalidad productiva (46.9% del valor agregado bruto) y laboral (86.5% del empleo), solo detrás de los sectores agropecuario y pesca.
Por último, IPE argumenta que el manejo de la política tributaria debe evitar una mayor erosión de las fuentes de ingresos permanentes, por ello es necesario revertir el clima de incertidumbre que ha llevado al estancamiento de la inversión privada en el último año.
