El Ministerio de Energía y Minas (Minem) impulsará una reforma estructural del canon minero para que parte de estos recursos llegue de manera obligatoria a las comunidades ubicadas en las zonas aledañas a las operaciones extractivas, anunció el ministro Guillermo Shinno durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026).
«Desde el sector, vamos a impulsar modificaciones estructurales para poder redireccionar el canon», señaló el titular del Minem, al advertir que actualmente estos fondos suelen concentrarse en las capitales de provincia o distrito, sin llegar a las zonas donde se desarrolla la actividad minera.
El diagnóstico: recursos mal distribuidos
Según Shinno, el actual esquema de distribución del canon presenta fallas recurrentes: los recursos se invierten «en cosas que no sirven» o, en otros casos, terminan en actos de corrupción, en lugar de beneficiar directamente a las poblaciones que conviven con la actividad extractiva.
Frente a ese escenario, el ministro planteó que el objetivo de la reforma es garantizar que una parte del canon llegue «sí o sí» a las comunidades del entorno minero, de modo que puedan acceder a infraestructura básica, una de sus principales demandas históricas.
El límite: capacidad de gestión local
Shinno reconoció que redistribuir el canon no será suficiente si no se fortalece, en paralelo, la capacidad de ejecución de los gobiernos locales y provinciales, responsables de administrar e invertir estos recursos.
«Nos va a faltar un tramo más que es ver cómo fortalecemos la capacidad de los gobiernos locales y provinciales principalmente para que dichas inversiones se den oportunamente», indicó el ministro, en referencia a la necesidad de acompañar la reforma con mejoras en la gestión pública subnacional.
Gobernanza territorial preventiva
El titular del Minem vinculó esta propuesta con un cambio de enfoque en la gestión de conflictos sociales vinculados a la minería.
Planteó que el Estado no debe limitarse a intervenir cuando un conflicto ya estalló, sino participar de forma permanente en la planificación del desarrollo de los territorios donde se realiza actividad minero-energética.
En esa línea, propuso una gobernanza territorial preventiva, en la que Estado, empresas y comunidades trabajen de manera conjunta para definir las prioridades de inversión y desarrollo en las zonas de influencia minera.