El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conformó mediante Resolución Ministerial Nº 237-2020-EF/10, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la Mesa Ejecutiva para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (Mypes).
La finalidad es coordinar, facilitar, impulsar y proponer soluciones que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de las casi 4 millones de mypes que exiten en el país.
“La creación de la Mesa Ejecutiva para la mype analizará diferentes problemáticas, entre ellas, el acceso al financiamiento, formalización y empleo”, anunció la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva ante los medios públicos.
En los considerandos de la norma se indica a su vez que, en el Perú existen casi 4 millones de Mypes que representan el 97% de las empresas formales.
Empleando a casi 13 millones de personas, es decir, más del 50% de la Población Económicamente Activa del país.
Además, las ventas de las Mypes representan casi el 20% del PBI peruano, estando dedicadas a brindar servicios, el comercio y la producción.
Por lo que constituye un sector cuya productividad y competitividad se considera necesario impulsar.
Ejecución
Los integrantes de la Mesa Ejecutiva para el desarrollo de las Mype ejercen el cargo ad honorem.
Y deberán cumplir y contribuir de manera sostenible y responsable con la identificación de los problemas, dificultades y barreras.
Así como en la elaboración de las propuestas de solución que se requieran y su implementación.
Se instalará en un plazo máximo de 10 días hábiles, y su secretaría técnica está a cargo del equipo especializado de mesas ejecutivas del MEF.
En lo que respecta a las entidades públicas y privadas que conforman la “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de las MYPE” tendrán un plazo de 5 días hábiles para acreditar a sus representantes ante la secretaría técnica.
La resolución del MEF también plantea que los gastos que demande la participación de los integrantes de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de las MYPE se financiarán con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades e instituciones a los que representan.
Esto con la finalidad de no ocasionar perjuicios a los recursos adicionales al Tesoro Público.