Los riesgos climáticos alcanzaron su nivel más alto desde que el Instituto Peruano de Economía (IPE) empezó a medirlos, con 67% de economistas que los ubican entre los principales riesgos para la economía peruana en el corto plazo. La cifra se acerca a la de la inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado, que se mantiene en el primer lugar con 70% por tercera vez en el año.
Los datos forman parte de la octava edición de «Los principales economistas opinan», encuesta que el IPE aplica cada mes a especialistas en coyuntura económica y políticas públicas. En esta edición participaron 90 economistas, consultados entre el 20 y el 25 de agosto de 2026.
La incertidumbre global también avanzó con fuerza: pasó de 2% en junio a 17% en agosto, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente. El riesgo de un menor crecimiento económico subió de 1% a 9% en el mismo periodo. Ambos, junto con la inseguridad y el riesgo climático, son los cuatro factores que más subieron este mes.
Efectos del alza de la RMV
Sobre el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que el Ejecutivo anunció de S/1,130 a S/1,300 en dos tramos, 77% de los economistas considera que la medida incrementará la informalidad laboral y la misma proporción cree que perjudicará la competitividad, en particular de las micro y pequeñas empresas (Mypes).
Solo 6% coincide en que la medida elevará las remuneraciones sin generar efectos negativos significativos, frente a 78% que está en desacuerdo con esa idea.
Dudas sobre el subsidio a los combustibles
El 60% de los economistas considera acertada la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de descartar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ante el alza internacional del petróleo, por sus antecedentes de ineficiencia y alto costo fiscal.
Sin embargo, solo 25% cree que el subsidio focalizado que lo reemplaza será efectivo para frenar el traslado del alza de combustibles a las tarifas de transporte, y 65% considera que su vigencia resultará insuficiente, por lo que anticipa que la medida terminará extendiéndose.
Minería ilegal, la prioridad ante el fin del Reinfo
Con el Reinfo por vencer en diciembre de 2026, 8 de cada 10 economistas considera que el Gobierno debería priorizar el fortalecimiento de la fiscalización y la trazabilidad en la cadena de suministro del oro frente a la minería ilegal e informal.
El 67% plantea una Ley MAPE que incluya formalización con fiscalización y acompañamiento efectivos, y 60% considera prioritario evitar una nueva ampliación del Reinfo, mecanismo que acumula cinco prórrogas desde su creación en 2016. En menor medida, 24% propone reforzar la vigilancia policial y tecnológica, y 17% pide un mayor presupuesto para combatir la actividad ilegal.
Prevención ante un terremoto de gran magnitud
Tras los sismos recientes en Venezuela y Colombia, y ante la vulnerabilidad sísmica del país, la mitad de los economistas señala que la medida más urgente en prevención de desastres debería ser el reforzamiento de infraestructura crítica, como hospitales, colegios y carreteras.
Le siguen la reubicación progresiva de la población en zonas de alto riesgo sísmico (34%), el impulso a instrumentos financieros para reforzar viviendas vulnerables (30%), la aceleración de los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres en gobiernos subnacionales (27%) y la ampliación de los seguros contra sismos para hogares y empresas (24%).