En 2024, la inversión pública alcanzó un crecimiento del 14% en términos reales, siendo la tasa más alta en 12 años, excluyendo el rebote de 2021 tras la pandemia. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), este avance se debe, en gran parte, a la mejora en la ejecución de los recursos asignados a gobiernos subnacionales y al incremento de gastos en obras de prevención.
Sin embargo, este dinamismo también trajo retos, como un incremento en el déficit fiscal que cerraría en 3.8% del PBI, superando el límite establecido en la regla fiscal del 2.8% por segundo año consecutivo.
Radiografía 2024: Logros y desafíos
El crecimiento de la inversión pública fue liderado por el gobierno nacional, que logró un incremento del 14%, gracias a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que ejecutó más del 30% de su presupuesto en nueve regiones.
Por otro lado, los gobiernos regionales registraron un crecimiento de 24%, siendo este su mejor desempeño en años, aunque con una ligera contracción en el último trimestre del año (-1%). Los gobiernos locales también crecieron, con una tasa del 7%, tras una caída del -17% en 2023.
A nivel regional, Loreto (+44.9%), Ica (+36.9%) y Moquegua (+36%) fueron las regiones con mayor crecimiento. En contraste, Huánuco (-4.5%) y Madre de Dios (-2.4%) mostraron retrocesos.
Gobiernos Subnacionales
Juan Carlos Sosa, director de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal, destacó el impacto positivo del acompañamiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que permitió fortalecer las competencias de los gobiernos subnacionales. “Esto no solo mejoró la planificación presupuestal, sino que también incrementó la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados”, señaló.
Otro factor clave fue la entrega anticipada de recursos, que ayudó a reducir la brecha entre el presupuesto inicial (PIA) y el modificado (PIM). Además, la ejecución de los recursos provenientes del canon y regalías mineras alcanzó el 75% del presupuesto, el nivel más alto de los últimos 10 años.
Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, advirtió sobre las presiones políticas de gasto que afectan la sostenibilidad fiscal. “El Congreso aprobó 120 disposiciones complementarias en el presupuesto 2025, de las cuales el 85% implican gastos adicionales no planificados. Esto limita la capacidad del MEF para controlar el déficit fiscal”, afirmó. Además, el informe del IPE destacó problemas relacionados con la calidad de la inversión pública. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2023 se desperdició un equivalente al 2.5% del PBI en recursos públicos debido a negligencia, corrupción y sobrecostos.
Perspectivas para el 2025
El IPE proyecta un crecimiento de la inversión pública del 3.5 % en 2025, influido por una base de comparación alta. Sin embargo, el déficit fiscal seguirá siendo un desafío, con un estimado del 3.8 % del PBI en 2024, superando por segundo año consecutivo la regla fiscal del 2.8 %.
Carlos Oliva, exministro de Economía, advirtió que las presiones políticas de gasto, como las 120 disposiciones complementarias incluidas en el presupuesto 2025, podrían limitar los esfuerzos de consolidación fiscal.
Para garantizar un crecimiento sostenible, será fundamental priorizar proyectos que reduzcan brechas sociales y asegurar la eficiencia en la ejecución de los recursos. La inversión pública continuará siendo un pilar clave para el desarrollo, pero equilibrar crecimiento y responsabilidad fiscal será un reto crítico en los próximos años.