La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) confirmó la medida en un comunicado, en el que indicó que el proceso de renuncia a esta asignación, que estaba prevista en la ley 21.950, se completó el 31 de diciembre de 2023.
Esta ley, aprobada durante la última dictadura militar, establecía que los obispos cobraran el equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia. El monto, que recibía un centenar de sacerdotes, era de unos 55,000 pesos mensuales (casi 250 soles al cambio oficial), según los medios argentinos, y no se actualizaba desde hace varios años.
La decisión de la CEA de renunciar a esta asignación se enmarca en el debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado en Argentina. Este debate se intensificó en 2018, cuando se aprobó la ley del aborto, una medida que la Iglesia católica se opuso firmemente.
La renuncia a la asignación mensual a los obispos es un paso importante en el camino hacia la separación de la Iglesia y el Estado en Argentina. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, ya que la Iglesia sigue teniendo un gran poder e influencia en la sociedad argentina.
Reacciones ante la medida
La decisión de la CEA fue recibida con reacciones mixtas. Algunos sectores celebraron la medida, como una muestra de la separación entre la Iglesia y el Estado. Otros, en cambio, la criticaron, argumentando que la Iglesia católica debería seguir recibiendo apoyo del Estado argentino.
El presidente de la CEA, monseñor Oscar Ojea, señaló que la medida «es un signo de la madurez institucional de la Iglesia católica argentina».