El pasado miércoles 27 de diciembre, el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó al Congreso la ‘ley ómnibus’, la cual contiene 351 páginas que incluyen 664 artículos con reformas en materia económica, impositiva, fiscal, electoral, social y de seguridad.
Dentro los aspectos más resaltantes es el tema de educación. La nueva ley indica que el estudiante argentino, al finalizar la secundaria, deberá rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño. Esto será una prueba censal, es decir para medir el nivel general. Probablemente condicione su ingreso a la universidad.
Adicionalmente, el gobierno argentino implementará mecanismos de evaluación y revalidación de conocimientos, tanto para alumnos como docentes, y los padres de los estudiante podrán acceder a los resultados de los métodos de evaluación colectiva.
Ingreso a universidades públicas
Este proyecto de ley indica que para acceder a la universidad pública, se ofrecerá la posibilidad de elegir entre un examen de ingreso o participar en un curso de nivelación.
Además, se ratifica que los programas de grado en las universidades públicas permanecerán sin costo para ciudadanos argentinos y residentes permanentes extranjeros. Sin embargo, se contempla la posibilidad de establecer una tarifa para estudiantes extranjeros que decidan cursar estudios en estas instituciones, aunque se buscará implementar un sistema de becas respaldado por acuerdos con otros países o instituciones privadas internacionales.
“Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente, respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”, se lee en la publicación hecha por el diario La Nación de Argentina.
