El Ejecutivo planea a llevar ante el Congreso un proyecto de ley que ayudaría a aquellas personas que no han podido cumplir con el pago de su deudas durante el estado de emergencia.
La ministra de Economía y Finanzas, María Alva, señaló que un 75% de los ciudadanos que reprogramaron deuda ya comenzaron a pagar.
“Sin embargo, sabemos que hay otro grupo de peruanos que todavía requiere flexibilizar los pagos y las tasas de interés”, añadió.
El Comercio señala que la propuesta del Ejecutivo define una garantía estatal parcial ante las entidades financieras y en favor de los clientes que eran buenos pagadores hasta antes de la pandemia.
Como condición, la entidad debe aplicar una reprogramación del plazo de la deuda en al menos seis meses y reducir en un 20% el costo del crédito.
¿Quiénes aplican?
La propuesta se concentra en tres tipos de crédito. Para los de consumo, como los préstamos personales o las tarjetas de crédito, la garantía aplica a quienes tengan deudas por menos de S/5,000. Se estima que son dos millones de clientes en este rango.
En cuanto a los hipotecarios, accederán quienes cuenten con deudas menores a S/20,000 y para la primera vivienda. Aproximadamente, son 54 mil deudores en esta situación.
En el caso de las mypes, se ofrecerá garantía para las que cuenten con deudas por menos de S/20,000. Según la ministra, son cerca de 1,3 millones.
“Si es un préstamo de consumo, es a 12 meses y la persona tiene problema con pagar la cuarta cuota, la garantía será de 40% para el crédito. Si de los 12 meses, paga las ocho primeras y no puede pagar la novena, la garantía es de 80%. Para el caso de los créditos hipotecarios, será de 50% y 100%”, explicó.
El director general de la Dirección de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF, Óscar Graham, explicó que el beneficio aplicaría para la deuda total de una persona en el sistema.
“Puede ser un cliente que tiene S/2,000 de deuda en una tarjeta de crédito de una entidad y otros S/3,000 de un crédito personal en otra entidad. En conjunto, suman S/5,000”, comentó en un diálogo con El Comercio.
Cabe señalar que el Estado destinaría S/5,000 millones para cubrir las garantías.