Hace pocos días, el primer ministro Gustavo Adrianzén declaró a la prensa que no había planes para remover a ningún miembro del gabinete. Sin embargo, ayer Walter Ortiz renunció como ministro del Interior en medio de un contexto complicado, marcado por acusaciones relacionadas con la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la falta de acciones concretas para abordar la inseguridad ciudadana. Por ello, en una reciente entrevista con diario Gestión, los diferentes representantes empresariales expresaron su preocupación por estos cambios repentinos en el Gabinete, que genera una gran incertidumbre respecto a quien velará por su seguridad.
Desafíos y cambios constantes en el ministerio
La situación actual en el Perú está marcada por una clara falta de estrategia en la lucha contra la delincuencia, la inseguridad y la criminalidad, problemas que afectan a todos los ciudadanos. Además, los cambios frecuentes de ministros del Interior impidieron la implementación de planes a largo plazo.
Demandas de seguridad por parte de empresarios y trabajadores
La demanda de mayor seguridad es un clamor constante de los ciudadanos, empresarios y trabajadores. El 10 de mayo, varios representantes de estos grupos enviaron una carta a la presidenta Dina Boluarte expresando su preocupación por la inseguridad.
Entre los firmantes se encuentran:
- La Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP)
- La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)
- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
- La Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)
- La Asociación de Exportadores (Adex)
- La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP)
- La Cámara de Comercio de Lima (CCL)
En la carta, estos gremios resaltaron la falta de seguimiento a los acuerdos alcanzados en reuniones previas y la ausencia de avances significativos en la mejora de la seguridad. Este sentimiento de insatisfacción fue expresado por Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, quien destacó la necesidad de decisiones claras y la implementación de estrategias continuas para combatir la criminalidad.
El rol de todos los actores en la lucha contra el crimen
Julio Pérez, presidente de Adex, enfatizó que la solución a la inseguridad no puede recaer únicamente en el ministro del Interior. Es crucial que todos los actores, incluidos gremios, sindicatos y el Congreso, trabajen juntos para abordar este problema. Pérez resaltó la importancia de un enfoque integral y colaborativo para lograr avances significativos.
Falta de un plan estructurado
Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas, señaló la ausencia de un plan estructurado para combatir la delincuencia. Según Hermoza, es clave contar con una estrategia clara y coordinada que involucre tanto a actores públicos como privados. Además, destacó la importancia de complementar las medidas punitivas con iniciativas educativas para ofrecer una solución integral a largo plazo.
Presupuesto y ejecución de recursos
Para este año, el gobierno asignó S/5,676.5 millones para la «reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana». Hasta el 15 de mayo, se ejecutó el 30.2% de este presupuesto. Aunque los recursos destinados a la seguridad superaron los S/5,000 millones en los últimos años, la efectividad de las acciones financiadas con estos fondos sigue siendo cuestionada.
Principales problemas: Inseguridad y extorsión
Según una encuesta realizada por Ipsos para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el 83.9% de los bodegueros señaló que la inseguridad y la extorsión son los principales obstáculos para sus negocios. Este problema es aún más grave en algunas regiones del país, con casi el 90% de los encuestados en el norte del país y el 86.2% en Lima Metropolitana indicando que la inseguridad es una preocupación crítica.