La empresa estatal Petroperú informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el nombramiento de Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares como nueva presidenta de su directorio, en reemplazo de Luis Alberto Canales Gálvez, quien ocupó el cargo desde el 15 de noviembre de 2025.
Rojas Álvarez de Mares asumió el cargo este 23 de diciembre de 2025 y se convierte en la primera mujer en encabezar el directorio de Petroperú. Canales Gálvez, tras dejar la presidencia, permanece en el directorio como miembro independiente.
Alta rotación en la presidencia del directorio
Desde julio de 2021, once personas han ocupado la presidencia del directorio de Petroperú, con una duración promedio de gestión de poco más de cinco meses, lo que evidencia la alta rotación en la conducción de la empresa estatal.
Presidentes del directorio de Petroperú desde julio de 2021
- Eduardo Guevara Dodds — abril 2020 a setiembre 2021 (aprox. 17 meses).
- Mario Contreras Ibárcena — setiembre 2021 a marzo 2022 (aprox. 6 meses).
- Humberto Campodónico — abril 2022 a enero 2023 (aprox. 9 meses).
- Carlos Edgar Vives Suárez — enero 2023 a abril 2023 (aprox. 3 meses).
- Pedro Chira Fernández — abril 2023 a febrero 2024 (aprox. 10 meses).
- Carlos Linares — marzo 2024 a junio 2024 (aprox. 3 meses).
- Oliver Stark Preuss — junio 2024 a setiembre 2024 (aprox. 3 meses).
- Alejandro Narváez Liceras — noviembre 2024 a octubre 2025 (aprox. 11 meses).
- Fidel Moreno Rodríguez — octubre 2025 (aprox. 1 mes).
- Luis Alberto Canales Gálvez — noviembre 2025 (aprox. 1 mes).
- Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares — desde diciembre 23, 2025 (en curso).
Contexto financiero y medidas del Ejecutivo
El nombramiento ocurre en un momento en que Petroperú afronta presiones financieras. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, declaró que el Gobierno no prevé brindar un nuevo apoyo financiero a la petrolera estatal, que en los últimos tres años recibió cerca de $5,000 millones del Estado para sostener operaciones y obligaciones. A julio, la empresa acumulaba pérdidas por $300 millones, equivalentes al 53% de su capital social.
Además, el Ejecutivo anunció la emisión de dispositivos para que la empresa estatal deje de generar gastos al Estado y solicitó la renuncia de todos los integrantes del directorio como parte de las decisiones estratégicas en evaluación.