Según el reporte «Perspectivas Económicas» elaborado por el equipo Research de Credicorp Capital, aún se espera un crecimiento de 2.5% para el Perú al término de este año.
No obstante, el balance de riesgos sigue inclinado a la baja dado el contexto externo, conflictos sociales internos, alta inflación e incertidumbre política.
En primer lugar, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha causado que los precios de los commodities permanezcan elevados y los riesgos aún son altos ante la posibilidad de un escalamiento adicional del conflicto.
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Por ello, la reducción de las proyecciones de crecimiento tanto para 2022 como 2023 ya comienzan a evidenciarse. Además, dada la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios de los commodities y las cadenas de valor globales, aún existen dudas sobre la velocidad de la reducción esperada de la inflación.
Luego, en cuanto al ámbito interno, la conflictividad social viene siendo uno de los principales factores afectando al sector primario, que actualmente se desenvuelve ante paros y protestas en las actividades agrícola y mineras.
Las Bambas acumula mas de 50 días parada este año (casi 500 desde el 2016) y Cuajone paró más de 50 días.
Siguiendo en el ámbito nacional, la precarización del empleo y la alta inflación vienen representando un riesgo para el consumo, además el avance del empleo sigue siendo liderado por el subempleo (ocupación por tiempo no completo, con remuneración por debajo de la mínima y que no aprovecha las capacidades del trabajador).
En el siguiente gráfico podemos apreciar que los salarios reales aún se ubican en niveles inferiores a los registrados prepandemia, en donde se muestra que los salarios reales aún no se recuperan de manera interanual si se compara cada mes del 2020 y 2021, con los meses del 2019.
En términos generales, los factores anteriores, en conjunto con la incertidumbre política -incrementada recientemente por la nueva propuesta de cambio constitucional- mantienen la confianza empresarial en niveles bajos.
Por su parte, las cuentas fiscales han seguido respondiendo positivamente por los altos precios de los metales, la recuperación de la economía, el repago de deudas y baja ejecución de gasto en varios rubros.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que determina las reglas fiscales para los próximos años; el déficit fiscal no debe ser superior al 2.4% del PBI en 2023 y debe alcanzar el 1% del PBI a partir de 2026, además la deuda publica no debe excder el 38% del PBI y en un horizonte máximo de 10 años debe ubicarse por debajo del 30%.
Al cierre de abril, Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana en BBB con perspectiva estable decisión respaldada en la posición acreedora externa del país, su historial de políticas macro y una deuda pública moderada.
Entre los factores de riesgo, un deterioro adicional de las condiciones políticas o cambios constitucionales que afecten el equilibrio económico y político podrían conducir a una rebaja en la calificación en el futuro según Rating Fitch.
Finalmente, en el balance final, no cabe dudas que aspectos negativos internos como la reforma constitucional, protestas y conflictos sociales, precarización del mercado laboral y malas decisiones políticas no están permitiendo desequilibrar la balanza a favor del crecimiento del país.