El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este lunes una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y tres funcionarios de la misma institución. El motivo: los problemas logísticos que el domingo 12 de abril causaron demoras en la instalación de mesas de votación en varios distritos de Lima.
En entrevista con RPP, el abogado penalista Carlos Caro explicó que la denuncia abarca tres delitos específicos tipificados en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Elecciones como la omisión de funciones, el atentado contra el derecho de sufragio y la más grave, la obstrucción del proceso electoral.
El debate central: dolo versus negligencia
“Estamos ante delitos netamente dolosos y esa va a ser la gran discusión de fondo. Negligencia grave hay por todos lados. La pregunta es si hay suficiente material probatorio para dar el salto hacia la parte del delito, porque no hay delitos negligentes, culposos o por imprudencia en el ámbito electoral”, señaló Caro.
El abogado precisó que los imputados podrían basar su defensa en una supuesta “negligencia”, lo cual solo generaría responsabilidades civiles, administrativas y políticas, pero no penales.
El contrato con Galaga: S/ 6.3 millones y antecedentes
Caro sostuvo que el contrato que la ONPE firmó con la empresa Servicios Generales Galaga para el traslado del material electoral “viola los patrones más elementales de la debida diligencia”.
Según el especialista, la empresa “no cuenta con una flota de vehículos” y “ya había sido multada en un proceso de menor importancia en el 2023”. RPP verificó que Galaga registra tres penalidades económicas impuestas por la ONPE entre 2020 y 2023, todas durante la gestión de Corvetto.
El contrato en cuestión asciende a más de S/ 6.3 millones. Para Caro, este antecedente podría dar material para investigar los presuntos delitos de colusión desleal o negociación incompatible.
“Son los que se dan justamente en el ámbito de la contratación pública con el proveedor”, detalló.
Recomendación: transparencia total
El abogado penalista recomendó que las altas autoridades de la ONPE, incluyendo a Piero Corvetto, opten por un esquema de “transparencia total” y cooperación con la justicia para esclarecer las fallas de control interno que permitieron este escenario.
La denuncia del JNE ya está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen suficientes elementos para formalizar la investigación penal.