El congresista Arón Espinoza Velarde, de Podemos, sustentó el pasado 16 de agosto ante el Parlamento, el proyecto de ley 5904-2020 o Ley de protección a los consumidores de servicios financieros contra la usura en el cobro de tasas y comisiones.
El cual buscará evitar que los bancos cobren altas tasas de interés.
Así como también prohibir el cobro de la membresía en las tarjetas y otros cobros irregulares.
El proyecto de ley multipartidario de siete bancadas se encuentra aún en estudio en la Comisión de Defensa del Consumidor.
«Buscamos proteger al consumidor, a la familia del consumidor y evitar la usura de este sistema financiero», expresó el parlamentario.
Mencionó que su propósito principal es que el Banco Central de Reserva (BCR) establezca tasas máximas de interés.
Así como de regular el cobro de comisiones y gastos, puntualizando que se pretende beneficiar a la población sin maltratar a la banca.
Este proyecto de ley propone modificar varios artículos, entre ellos el artículo 52 de la Ley Orgánica del BCRP.
Artículo 52. El Banco propicia que las tasas de interés de las operaciones del Sistema Financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fije para ello en ejercicio de sus atribuciones. Excepcionalmente, el Banco tiene la facultad de fijar tasas de intereses máximos y mínimos con el propósito de regular el mercado.
De aprobarse esta iniciativa legislativa, el BCR deberá establecer tasas de interés máximas de manera semestral.
Al respecto, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) indicó que es una propuesta acertada, ya que de esta manera los bancos ya no podrán abusar de las altas tasa de interés en los préstamos personales o tarjetas de créditos.
La propuesta también señala que en caso los bancos fijen una tasa activa mayor a la ya establecida por el ente emisor, esta será considerada como tasa de interés de usura, la cual estará se marcará como delito.
La entidad encargada de asegurar que se cumpla sería la SBS, la que además deberá sancionar y denunciar penalmente a las empresas financieras infractoras.
