En su mensaje a la nación, el Presidente de la República, Pedro Castillo, anunció una reforma del programa social Pensión 65, la cual consistirá en el incremento de las transferencias y la reducción gradual de la edad mínima.
De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE), el aumento de las pensiones sociales resulta adecuado, sin embargo, reducir la edad mínima de jubilación no estaría considerando los cambios registrados en las últimas décadas como el incremento de la capacidad productiva de la población adulta mayor.
Aumento pertinente
Una de las modificaciones consiste en incrementar la transferencia bimestral a sus beneficiarios, pasando de S/ 250 a S/ 450. Cabe recordar que el monto del beneficio se ha mantenido constante desde la creación del programa en el 2011.
No obstante, este incremento llega en un contexto de alta inflación, que viene impactando en mayor medida a los más vulnerables. Además, IPE estima que la capacidad adquisitiva de la subvención ofrecida por Pensión 65 se ha reducido en alrededor de 30% durante la última década.
La implementación de esta iniciativa demandará un monto cercano a los S/ 519 millones por año, lo cual es equivalente a una expansión del presupuesto de casi 40%.
Modificaciones laborales
Sin embargo, el anuncia no toma en cuenta la mayor capacidad productiva que ha registrado la población adulta mayor a lo largo de las últimas décadas. Y es que la proporción de personas entre 60 y 64 años años que participan en el mercado de trabajo, se ha incrementado en los últimos 25 años.
De igual manera, las condiciones laborales del grupo en cuestión han mejorado significativamente en los últimos 17 años, pues el porcentaje de trabajadores de 60 a 64 años adecuadamente empleados aumento de 16% en el 2004 a 45% en el 2001.
En línea con lo anterior, los salarios reales de las personas entre 60 y 64 años se habían incrementado en 55% entre 2004 y 2001, representando el mayor aumento según grupo de edades.
Observaciones
De acuerdo a IPE, ampliar la cobertura de las pensiones no contributivas hacia la población de 60 a 64 años introduce distorsiones al sistema, desincentivando la participación laboral de un grupo etario que hoy trabaja mas y obtiene mayores salarios.
Además, la reducción de la edad mínima a 60 años demandaría recursos fiscales por casi S/ 235 millones. Con ello, todos los cambios anunciados implicarían un costo adicional de S/ 755 millones por año, representando un incremento de 61% del presupuesto de Pensión 65.
IPE de manera alternativa propone la ampliación gradual de la cobertura del programa hacia toda la población mayor en condiciones de pobreza y no solo aquella en extrema pobreza.
Así, bajo una alternativa mejor focalizada y alineada con el resto del sistema previsional, se podría aumentar la cobertura a todas la población mayor en condición de pobreza sin comprometer en demasía las finanzas publicas del país.
