El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por pronunciarse en medios de comunicación sobre el habeas corpus que el 9 de junio obtuvo del juez Alain Salas Cornejos por el caso «Los Dinámicos del Centro».
En la víspera, este recurso fue desestimado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga.
El exgobernador regional de Junín, sostuvo a través de la referida denuncia, que la magistrada había cuestionado la decisión judicial, lo cual supondría una interferencia en la competencia de los jueces que revisarán la apelación contra el hábeas corpus.
Desde su perspectiva, alegó que Barrios infringió el “principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional reconocido”.
La presidenta del PJ, previamente en entrevista a El Comercio, exhortó a los jueces a mantener la imparcialidad ante cualquier «interés que pudiera haber en los procesos» e indicó en que habrá severidad en la sanción que corresponda, en caso de detectarse inconducta funcional.
A su vez, los congresistas electos de Perú Libre emitieron días previos un pronunciamiento a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en que rechazaron “toda injerencia política en el Poder Judicial y en la independencia de sus magistrados”. También agregaron que estarán atentos ante cualquier situación que transgreda la autonomía de este poder del Estado.
Durante la jornada del 15 de junio, la Fiscalía Anticorrupción realizó un operativo contra 37 presuntos integrantes de la organización en que se encuentra involucrado Cerrón Rojas. La dirigencia está a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. En el operativo se encontró una maleta con cerca de S/500,000, informó el Ministerio Público.
Caso Cerrón
Cabe recordar que, en agosto de 2019, Cerrón fue sentenciado por negociación incompatible en agravio del Estado. A cada responsable se le impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa, un año de inhabilitación y una reparación civil por S/850,000.
En octubre de ese mismo año, la Sala Penal Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la sentencia e inhabilitación, así como el pago de la reparación civil en un máximo de seis meses; pero revocó la pena efectiva de libertad, reformulándola a cuatro años de prisión suspendida por un periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta.