Telefónica del Perú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia en el país. La empresa, que ya inició su proceso de salida del mercado peruano, enfrenta un procedimiento concursal ordinario ante Indecopi con una deuda laboral que podría superar los 136 millones de dólares.
Una deuda que se arrastra por décadas
El 19 de mayo, Indecopi anunció que aceptó el inicio del proceso concursal solicitado por Telefónica. La compañía busca reestructurar sus pasivos mediante un Acuerdo Global de Refinanciación, como parte de su estrategia de desinversiones en América Latina.
Esta solicitud fue presentada el 24 de febrero y se activó tras la compra de su operación en el país por la firma argentina Integra TEC.
Los acreedores, incluyendo trabajadores, tienen 30 días hábiles desde la publicación en el Boletín Concursal para hacer valer sus créditos.
Entre los principales reclamantes se encuentra el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (SUTTP). Su secretario general, Víctor Mora, detalló que la empresa les debe entre S/450 y S/500 millones de soles a sus empleados.
Este monto incluye utilidades no distribuidas desde 1998 y otros conceptos pendientes de los años 2000, 2001 y 2017.
En 2017, Telefónica justificó la retención de utilidades usando la Norma Internacional de Contabilidad NIC 18, argumentando que esos fondos se usaron para pagar la concesión de la banda 700 MHz. Sin embargo, los trabajadores nunca vieron ese dinero reflejado en sus cuentas, según lo registra Infobae.
Sanciones y embargos complican aún más el panorama
La situación financiera de Telefónica se debilitó progresivamente. En lo que va del año, la Sunat se ejecutó cuatro embargos por un total cercano a los S/990 millones.
Estas sanciones corresponden a deudas por el Impuesto a la Renta de los años 2000, 2001 y 2009. Si bien estos embargos se han suspendido tras el inicio del proceso concursal, aún no está claro si lograron cubrir la totalidad de la deuda fiscal.
El sindicato, que agrupa a más de 3,200 personas entre trabajadores activos, cesantes y jubilados, está preparando una carpeta con todas las obligaciones laborales impagas para presentarse como acreedor ante Indecopi.
Además de las utilidades retenidas, el sindicato incluirá montos por asignaciones familiares y errores en los pagos realizados, detectados tras fiscalizaciones de la Sunat que no han sido corregidos.
El sindicato se moviliza
Según Mora, se busca que más de 2,300 cesantes y jubilados sean reconocidos como acreedores concursales, y que se les devuelvan los montos retenidos con sus respectivos intereses. Para ello, cuentan con el respaldo legal del abogado tributarista Óscar Agüero Aguilar, quien lidera la preparación de los expedientes.
Aunque ya tienen gran parte de la documentación lista, aún están reuniendo información de algunos trabajadores que no han podido presentar sus reclamos. El plazo de 30 días impuesto por Indecopi presiona al sindicato, que trabaja a contrarreloj.
Incertidumbre dentro de la empresa
La última negociación colectiva entre el sindicato y Telefónica ocurrió en agosto de 2024. En esa ocasión, la entonces gerente de Recursos Humanos, Claudia Angulo, prometió un reintegro para los trabajadores, una vez se resolviera la disputa con la Sunat. Sin embargo, hasta ahora no se hicieron los pagos prometidos.
El sindicato también demostró su preocupación por la continuidad de algunos ejecutivos. Según Mora, la gerente general Elena Maestre sigue en su cargo, pese a los cambios en la presidencia del directorio. Esta permanencia genera desconfianza entre los trabajadores, quienes temen que las prácticas que llevaron a la empresa a su actual crisis se mantengan.
Además, denuncian que se ha generado un ambiente de tensión dentro de Telefónica, con rumores sobre posibles despidos masivos que afectarían a más de 500 personas. Estos comentarios, según el sindicato, buscan asustar a los empleados y frenar la presentación de reclamos.