La disputa tributaria entre Telefónica del Perú y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) acaba de escalar a un nuevo nivel. La administración tributaria ha ordenado el embargo de inmuebles por un valor de S/513 millones, como parte de un procedimiento de cobranza frente a una deuda vinculada al Impuesto a la Renta (IR) de los ejercicios fiscales 2000-2001 y 2009.
La empresa, actualmente operada por la argentina Integra Tec, solicitó a fines de febrero acogerse a un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante Indecopi, con el fin de reestructurar su millonaria deuda, estimada en más de S/3,000 millones. Sin embargo, mientras esta solicitud aún está en evaluación, Sunat ha tomado la delantera.
Embargo preventivo de bienes de Telefónica del Perú
La medida impuesta por la Sunat responde a la falta de pago dentro del plazo legal de siete días hábiles, otorgado previamente a la firma de telecomunicaciones para saldar el monto exigible. Ante la inacción de la empresa, se ejecutó un embargo en forma de inscripción sobre diversos inmuebles registrados a nombre de Telefónica del Perú.
Según la información comunicada por la propia compañía ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el embargo alcanza un valor total de S/513 millones 815 mil 659, lo que representa solo una fracción de la deuda global en controversia con la autoridad tributaria.
¿Qué busca Telefónica con el proceso concursal ordinario?
El Procedimiento Concursal Ordinario solicitado a Indecopi es clave para los intereses de Telefónica del Perú. Este mecanismo legal permitiría congelar temporalmente las acciones de cobranza —como los embargos— mientras se establece un plan de reestructuración financiera.
La empresa ha argumentado que su intención es reorganizar sus obligaciones económicas de manera ordenada, priorizando el cumplimiento de sus compromisos fiscales y financieros, de acuerdo con la generación futura de caja proveniente de sus operaciones a través de Movistar.
Pese a esta intención, Indecopi aún no ha resuelto si admitirá el pedido, lo que deja en suspenso cualquier alivio legal para la empresa frente a sus acreedores, siendo Sunat el principal de ellos.
Las operaciones de Movistar Perú continúan sin cambios
En medio del proceso, Telefónica ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a sus más de 13 millones de clientes en todo el país. La compañía ha asegurado que los embargos no comprometen su capacidad operativa ni la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.
“Los embargos no afectan la viabilidad de la empresa ni ponen en riesgo la continuidad de nuestras operaciones”, ha señalado la compañía, subrayando además que sigue adelante con su plan de modernización tecnológica, que incluye el despliegue de fibra óptica y la actualización de su red móvil.
Este plan contempla la renovación de 5,000 estaciones base hasta 2027, de las cuales ya se han actualizado 800. La empresa afirma que más de un millón de usuarios ya han optado por su servicio de fibra óptica.
Beneficios económicos detrás del proceso
Desde un enfoque económico, el proceso concursal solicitado por Telefónica busca preservar el valor del activo y asegurar la estabilidad financiera de la empresa. En otras palabras, el objetivo es evitar que la ejecución de embargos afecte directamente sus flujos operativos, permitiendo a Movistar seguir siendo una fuente sostenible de ingresos.
Este escenario también es clave para proteger a los proveedores, empleados y demás actores de la cadena de valor que dependen de la continuidad de sus operaciones.
En ese sentido, la compañía recalca que lograr la aprobación del proceso concursal sería el paso necesario para ordenar sus finanzas y sostener su participación en el mercado de telecomunicaciones, uno de los más competitivos y estratégicos del país.