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Rutas de Lima inicia proceso de liquidación tras suspensión de peajes de la Municipalidad de Lima

La concesionaria controlada por Brookfield y Odebrecht anunció su disolución luego de la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje en la capital.

Por Jordy Acevedo
2 minutos
Rutas de Lima liquidación López Aliaga MML
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La concesionaria Rutas de Lima S.A.C., controlada por Brookfield y Odebrecht, anunció el inicio de su liquidación societaria como consecuencia de la pérdida de más del 60% de su facturación luego de la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje en la capital.

Según un comunicado oficial, la decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas el 29 de septiembre de 2025 bajo el marco de la Ley General de Sociedades.

La empresa indicó que esta determinación responde directamente a las medidas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y a lo que califica como incumplimientos de diversas entidades del Estado peruano.

A pesar de su disolución legal, la concesionaria informó que seguirá operando las vías bajo su administración mientras avanza su proceso de liquidación.

Asimismo, adelantó que sus accionistas se reservan el derecho de acudir a instancias judiciales y arbitrales, tanto en el Perú como en el extranjero, para exigir compensaciones por lo que consideran una afectación a su inversión.

Juicios y arbitrajes en curso

El anuncio se produce en paralelo a un proceso judicial en Estados Unidos que busca anular la compra realizada en 2016 por Brookfield del 57% de las acciones de Rutas de Lima, que pertenecían a Odebrecht.

La operación quedó en entredicho tras revelarse la trama de sobornos de la constructora brasileña a funcionarios peruanos, incluidos aportes ilegales a la campaña de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Desde hace varios años, el contrato de concesión de Rutas de Lima enfrenta disputas legales. La Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene que el acuerdo estaba viciado de origen por los antecedentes de corrupción de Odebrecht y llevó el conflicto a tribunales de Nueva York.

Por su parte, la empresa y sus socios han planteado demandas en arbitrajes internacionales alegando incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Estado peruano.

El caso mantiene enfrentadas a las autoridades municipales con una de las concesionarias más grandes de Lima, mientras el futuro de la infraestructura vial vinculada al proyecto sigue bajo incertidumbre.