En mayo de este año, se descubrió que 2,808 entidades estatales a nivel nacional, regional y local retuvieron los aportes de 432,996 trabajadores sin depositarlos en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC). La Asociación de AFP (AAFP) informó que la deuda total asciende a S/14,657 millones. En la que se incluye intereses, moras y multas según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Consecuencias
La Contraloría General de la República y la AAFP firmaron un convenio de colaboración interinstitucional. Este acuerdo permitirá a la Contraloría fiscalizar a las entidades del Estado que retienen los aportes de sus trabajadores y no los depositan en sus CIC del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Asimismo, el objetivo es evitar nuevas deudas previsionales y asegurar que las entidades acogidas a los regímenes de reprogramación de pago (Repro AFP) cumplan con las cuotas pactadas.
Al acogerse al Repro AFP, la deuda a pagar se reduciría a S/1,870 millones. Esta cifra incluye únicamente el aporte retenido al afiliado y la rentabilidad que se habría generado. Ello, si se hubiese depositado oportunamente en su CIC, protegiendo así al trabajador.
El contralor general, Nelson Shack, adelantó que la Contraloría programará próximamente un operativo de control a nivel nacional. El cuál podrá verificar la situación actual de los aportes impagos.
Impacto de la retención de aportes
El contralor Nelson Shack recordó que en 2023, la Contraloría realizó diversas acciones de control donde se identificó esta situación perjudicial para los trabajadores.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, enfatizó la importancia del convenio. El cual permitirá que la Contraloría tenga acceso a información en tiempo real para fiscalizar a los deudores y prevenir la creación de nuevas deudas previsionales.
