La Bancada de Rafael López Aliaga, redactó un oficio para solicitar a la presidenta Dina Boluarte que «incie con urgencia el procedimiento de denuncia de la Convención Americana y el consecuente retiro de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» (CIDH).
En el documento el vocero y congresista de la Bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, señala que la CIDH es «contenciosa» y que sus pronunciamientos «están sesgados políticamente en contra de los intereses nacionales» desde hace años.
Renovación: «La CIDH no representa los intereses reales nacionales»
El oficio argumenta que la que el Perú tiene soberanía nacional y como tal no puede someterse a las decisiones arbitrarias de una institución extranjera. Además, resalta que la CIDH está siendo manejada por ONGs de izquierda, aprovechando que sus miembros son «inmunes» a cualquier tipo de fiscalización.
Además, por sus antecedentes, sus decisiones «no favorecen el desarrollo y la prosperidad de los pueblos«. En ese sentido, aseguran que nuestra justicia está preparada para solucionar «todos los conflictos que se presenten con objetividad e imparcialidad» y se respalda en el hecho de que la justica peruana ya ha condenado y encarcelado a varios servidores públicos.
«Cabe indicar que nuestra justicia, con sus debilidades históricas y carencias, ha demostrado altos niveles de independencia y eficiencia. Prueba de ello es que el Perú es el único Estado del mundo que, a través de procesos judiciales regulares y con todas las garantías del debido proceso, ha juzgado, condenado y privado de la libertad a más de cinco presidentes de la República, decenas de gobernadores regionales y centenares de alcaldes y servidores públicos por diversos delitos como corrupción de funcionarios, contra los derechos humanos, la libertad personal, contra el orden constitucional y el sistema democrático, entre otras, conductas delictivas sancionadas por el ordenamiento penal peruano»
Esto para poder ejecutar nuevas medidas de política criminal que incluyan pena de muerte para algunos delitos.
«Igualmente, motiva nuestro pedido de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, la necesidad de implementar medidas de política criminal, como la implantación de la pena de muerte en el ordenamiento penal peruano, para casos de delitos graves como el sicariato, violación de menores y terrorismo; dados los severos problemas de emergencia delictiva que afectan en la última década a nuestra sociedad, siendo indispensable la adopción de medidas extremas acordes a estas peligrosas circunstancias»
Y finalizan el oficio declarando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una «competencia contenciosa» y su «falta de destreza y conocimiento» de los problemas nacionales denotan «la necesidad de tomar distancia definitiva de esta jurisdicción supranacional, por no representar los reales intereses nacionales.»
