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Proyecto de ley obligaría a empresas de TV por cable a incluir canales de señal abierta: ¿Cómo impacta en los consumidores?

Este proyecto no fue evaluado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, por lo tanto, no cuenta con revisión técnica.
Por Iveth Yamunaque
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El Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que obliga a las empresas de televisión por cable a incluir canales de señal abierta en su programación, a pesar de que estos contenidos son gratuitos y de libre acceso. ¿De qué trata y cómo impacta este proyecto de ley?

¿De qué trata la propuesta legislativa?

La propuesta legislativa permitiría que los canales de televisión locales sean incluidos, a solicitud propia, en las parrillas de programación de las empresas de televisión por cable que operan en la misma localidad y en el mismo canal en que se transmiten.

Impulsado por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, este proyecto vulnera la libertad de empresa, la cual implica que los agentes privados pueden organizar sus iniciativas empresariales sin intervención del Estado, asimismo, se hablaría de un encubrimiento de control de contenidos.

¿Cómo impacta este proyecto de ley?

  • La medida es perjudicial para los consumidores peruanos porque, de implementarse, aumentaría los costos de transmisión.
  • Además, esta medida es técnicamente inviable. A abril de 2024, existen 2,445 estaciones de señal abierta de televisión autorizadas a nivel nacional, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los operadores de televisión por cable, al no contar con la capacidad para aumentar el número de canales, se verían obligados a rescindir contratos con empresas de contenido.
  • La incorporación de todas estas señales en la programación de televisión por cable sería imposible debido a la cantidad y diferenciación por cada centro poblado. Crear tantas parrillas como centros poblados existen en el país resultaría inviable.

Falta de análisis técnico en el proyecto

Este proyecto no ha sido evaluado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, lo cual significa que no fue sometido a una discusión técnica adecuada para evaluar sus consecuencias.

Es importante destacar que entidades como Osiptel, Indecopi y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras, han emitido opiniones contrarias al proyecto.