El Ejecutivo oficializó la reorganización patrimonial de Petroperú mediante el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, publicado el 31 de diciembre en edición extraordinaria de El Peruano.
La medida delega a Proinversión la conducción integral del proceso, con facultades para segmentar activos en bloques patrimoniales, transferirlos a fideicomisos y seleccionar operadores privados para su gestión.
El objetivo es garantizar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos y atender la situación financiera crítica de la empresa estatal.
Crisis financiera y apoyo estatal
Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Petroperú registró pérdidas netas acumuladas por S/ 1,611 millones a octubre de 2025 y deudas con proveedores que superaban los S/ 2,569 millones a diciembre del mismo año.
Entre 2022 y 2024, el Estado transfirió recursos por S/ 17,888 millones para sostener sus operaciones, cifra superior a los presupuestos anuales de sectores como Salud y Educación.
El decreto califica la situación como una crisis estructural de solvencia, con reducción de líneas de crédito y falta de liquidez para cubrir obligaciones inmediatas.
Funciones de Proinversión
El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, explicó que la reorganización busca preservar el valor de Petroperú y asegurar su sostenibilidad. Indicó que la empresa acumula pérdidas operativas desde hace al menos cinco años y enfrenta problemas de liquidez que la llevaron a incumplir pagos a proveedores durante los últimos meses.
En ese contexto, Proinversión asumirá la tarea de ordenar los activos mediante bloques patrimoniales autónomos, entre los que figura la Nueva Refinería Talara, con un costo de construcción de US$ 6,000 millones.
Estos bloques podrán ser gestionados a través de sociedades de propósito especial y fideicomisos, permitiendo atraer capital privado sin que el Estado pierda la propiedad.
Del Carpio precisó que “las empresas más importantes, cuando crecen, recurren a capital privado”, y comparó el proceso con experiencias de Petrobras en Brasil.
Subrayó que no se trata de una privatización, sino de una reorganización empresarial para garantizar la continuidad de operaciones.
Financiamiento del proceso
El decreto establece un financiamiento de hasta S/ 144 millones a favor de Proinversión para ejecutar el plan durante 2026.
Asimismo, dispone una transferencia de S/ 240 millones del Ministerio de Energía y Minas destinada a la reorganización interna y medidas de personal, que deberán aprobarse en un plazo de 30 días hábiles.
La norma señala que el proceso se realizará respetando la normativa laboral vigente y los derechos de los trabajadores.
La ministra de Economía, Denisse Miralles, indicó que el decreto busca una solución integral para la empresa estatal, más allá de la inyección de recursos para cubrir deudas, y aseguró que se respetarán los beneficios sociales de los trabajadores.
Participación privada y modelo de gestión
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, respaldó la decisión del Gobierno y señaló que los estados financieros de Petroperú evidencian incapacidad para cumplir obligaciones de corto plazo.
Explicó que la participación de operadores privados en la operación y mantenimiento de los bloques patrimoniales corresponde a esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP), lo que “se parece más a una concesión” y no a una privatización, ya que los activos no se venden y el Estado mantiene la propiedad.
Garantías de abastecimiento
El Ejecutivo aseguró que no existe riesgo de desabastecimiento para el consumidor final. Petroperú concentra su participación como productor y mayorista en regiones como Loreto (97%) y Ucayali (91%), mientras que la distribución minorista está cubierta principalmente por operadores privados.