La actual situación ha cambiado el ritmo y el rumbo de muchos aspectos del día a día de las personas (naturales y jurídicas).
Muchas empresas se han visto en la necesidad de reinventarse con la finalidad de adaptarse a los cambios que esta pandemia nos ha impuesto.
En ese tránsito, hemos sido testigos de ampliaciones, reducciones, transformaciones y en general de mucha estrategia y creatividad para afrontar la forma de vida actual y lo que ella demanda y exige.
Un aspecto importante de la vida de una persona jurídica, es el aspecto legal y cómo hacen frente a las contingencias, conflictos y controversias que se generan en el desarrollo de sus actividades.
¿Poder Judicial o Arbitraje?
Antes de la pandemia, lo más común era llevar la controversia al Poder Judicial, y esperar la decisión imparcial de un tercero llamado “juez”.
No es un misterio en nuestra sociedad que esa decisión judicial podía demorar un tiempo considerable e incluso llegar tardíamente en muchas oportunidades.
Iniciada la pandemia, esta situación ha empeorado considerablemente pues, el tiempo de espera para la solución de los conflictos legales es mucho mayor.
Si bien es cierto, en nuestro país se hace un esfuerzo para implementar un sistema judicial que funcione remota y virtualmente, no es menos cierto que nuestros trabajadores judiciales se enfrentan a un Poder Judicial que evidencia muchas carencias.
Ante esta realidad, nos vemos en la necesidad de voltear la mirada a otras alternativas de solución de conflictos y/o controversias, debida y legalmente implementadas en nuestro país.
El Arbitraje es uno de ellas y se define como un mecanismo de solución de conflictos, por el cual dos partes enfrentadas por una controversia, deciden acudir a un tercero llamado “Arbitro”, quien dará una decisión definitiva o “laudo” en el marco de la independencia y la imparcialidad. En el arbitraje, el Poder Judicial no interviene.
Los tiempos en los que se ventila un arbitraje permite a las partes arribar a una solución en un plazo mucho menos si lo comparamos con un proceso judicial pues, básicamente, este tiempo será impuesto por las partes.
Las partes tienen libertad de regular las actuaciones, es decir, decidir sobre las reglas de juego y establecer un Reglamento (que acorde con la ley) los guíe y, dentro de ello, sus plazos.
Esta situación resulta vital en muchas oportunidades para el vertiginoso ritmo que sigue una empresa, pues, como se sabe, un fallo tardío, ya no es una solución.
¿Cuándo podemos acudir a un arbitraje?
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo No 1071, pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.
Si dos partes deciden someter su controversia un arbitraje, deberán pactar un convenio arbitral, el mismo que básicamente resulta ser el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza.
Este acuerdo suele incluirse como una cláusula de los contratos.
No menos importante es conocer que la decisión que se emite en un arbitraje es denominada “laudo”, es una decisión definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde notificado a las partes, pudiendo solicitar su ejecución ante una autoridad judicial en caso de incumplimiento.
Es parte de nuestra adaptación social, el evaluar posibilidades que nos permitan seguir fluyendo en el día a día.
El Arbitraje es una alternativa que podría resultar útil para solucionar los eventuales conflictos que resulten del desarrollo de las actividades empresariales.