Una reciente decisión del Poder Judicial ordenó la suspensión de peajes de Rutas de Lima, ubicados en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra. Esta medida judicial fue catalogada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como el «Día de la reivindicación de la libertad de tránsito».
Poder Judicial suspende cobro de peajes
La resolución, emitida por la magistrada Merari Trujillo Padilla del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, atiende parcialmente un recurso hábeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar.
En este contexto la suspensión se fundamenta en la confirmación de una restricción irrazonable y desproporcionada del derecho fundamental a la Libertad de Tránsito de lso residentes de Santa María.
El sustento principal recae en la ausencia de una vía subalterna paralela y eficiente, un hecho que fue constatado directamente por la jueza durante inspecciones.
La única vía paralela alterna disponible, la Antigua Panamericana Sura, no logra conectar la totalidad de la vía concesionada.
Doble afectación económica
Un punto clave para el enfoque económico de esta decisión fue la doble afectación económica y temporal que sufrirían los residentes.
La supervisiónn judicial concluyó que para la movilización esencial, los residentes debían pagas dos peajes, lo que representa un costo de S/15.000 por el trayecto de ida y vuelta.
Además del costo monetario, se evaluó la ineficiencia de la alternativas de tránsito. La velocidad observada en la supuesta vía alterna es menor, oscilando entre 40 y 50 km/h, en comparación con la vía concesionada que permite hasta 80 km/h.
Estas condiciones demostraron que la ruta alternativa resulta desproporcionada para el flujo vehicular.
Precente judicial en 2012
El fallo del juzgado también tiene como respaldo la sentencia previsa del Tribunal Constitucional que había anulado las casetas de Puente Piedra, también por la falta de vías alternas adecuadas en ese distrito.
La resolución también establece un vínculo con el proceso penal en curso. La magistrada precisó que, miengtras el proceso penal de Susana Villarán esté pendiente, existe una justificación para sospechar que la exalcaldesa favoreció de manera delictiva a Odebrecht, en el 2012.