Durante el Megaoperativo de Control Piura, la Contraloría General ejecutó 555 intervenciones en entidades públicas de la región, lo que representó un 28% más de lo programado.
De acuerdo a lo informado por el contralor general Nelson Shack Yalta, en Piura se perdieron mil 345 millones de soles por corrupción en obras públicas.
De este monto total de perjuicio económico 1115 millones de soles corresponden a los hechos irregulares detectados en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).
El resto, 110 millones de soles, corresponden a perjuicios ocasionados en diferentes obras públicas que se ejecutan en la región.
Además, pudieron identificar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en 289 funcionarios, entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
Las presuntas responsabilidades son por actos de inconducta funcional y corrupción, los mismos que están siendo canalizados a las entidades pertinentes para el inicio de las acciones legales que correspondan.
Shack indicó que se ha planteado al Congreso de la República que el órgano de control pase a formar un equipo junto a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial.
“La población ve que estos funcionarios con presunta responsabilidad siguen trabajando pero las sanciones ya no le corresponden a la Contraloría, eso genera frustración”, señaló.
Carreteras y hospitales
El órgano de control también identificó irregularidades en la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Canchaque – Huancabamba.
En dicho proyecto se identificó un retraso en la activación de la póliza de seguro de riesgo de construcción (CAR), lo cual dificulta el reinicio de los trabajos y cubrir los daños ocasionados por el aluvión de marzo último.
Además, durante el Megaoperativo en Piura se intervino los cuatro hospitales estratégicos, dos en la provincia de Huancabamba, otro en Ayabaca y uno en Piura.
En estas obras se identificaron diferentes situaciones adversas, como retrasos y deficiencias en la construcción. Estos proyectos debieron concluir este año; sin embargo, su avance oscila entre el 35% y 54%.
Los auditores de la Contraloría también identificaron un perjuicio mayor a S/ 5 millones en esta entidad debido a irregularidades en el procedimiento de selección, expediente técnico, ejecución de la obra, supervisión y contratación directa para el saldo de obra de las defensas ribereñas del río Piura tramo II.
El comité de selección otorgó la buena pro a un postor único que no acreditó los requisitos. Los funcionarios aprobaron el expediente con la inclusión de trabajos ejecutados en la construcción del puente Juan Pablo II.
Esta situación ocasionó un perjuicio económico, debido a una sobrevaloración de los precios de las maquinarias utilizadas.
También se detectaron irregularidades en pagos por trabajos no ejecutados, en la supervisión de la obra y en la contratación directa para el saldo de obra. Veintitrés funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa.