La investigación titulada “Presencia de pesticidas prohibidos a nivel internacional en quinua peruana durante la pandemia de COVID-19” fue realizada por expertos de la Universidad del Pacífico y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este estudio reveló la detección de plaguicidas como carbofurano, clorpirifos, malatión y cipermetrina en varias muestras de quinua blanca.
De las 27 bolsas analizadas, 10 se promocionaban como orgánicas en mercados de la capital, pero todas contenían pesticidas en niveles elevados. La investigadora Angie Higuchi, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, expresó su preocupación por este hallazgo.
Higuchi destacó que los pesticidas encontrados son prohibidos por la Unión Europea y puede causar diversas enfermedades. Entre los problemas de salud relacionados se incluyen trastornos endocrinos, hormonales, problemas renales y cáncer, como la leucemia.
La investigadora también señaló que el uso excesivo de pesticidas genera altos niveles de residuos químicos en los alimentos. Esto representa un riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud pública.
Higuchi enfatizó que aunque es difícil cultivar sin pesticidas, existen alternativas menos dañinas para la salud y el ambiente. Propuso utilizar estos pesticidas en dosis adecuadas, con capacitación para los agricultores y leyes efectivas por parte del gobierno.
Preferencia de pesticidas por su bajo precio
Matilde Schwalb, directora del Centro de Ética y Gestión Sostenible de la UP e investigadora del CIUP, destacó que hay un fuerte incentivo para consumir productos con altos niveles de pesticidas. La falta de información sobre el origen de los alimentos y la ausencia de vigilancia en su venta son preocupantes.
“Lamentablemente, ningún peruano que no haya hecho un estudio va a saber lo que está comiendo”, afirmó Schwalb. Aunque los empaques indican que los productos son orgánicos y se paga más por ellos, esto no garantiza su calidad.
La investigadora señaló que los pesticidas más tóxicos son los más económicos, lo que fomenta su uso. “Aquello que es un daño para la salud debe ser prohibido para todos, no solo para los que van al extranjero”, concluyó.
Consecuencias
El uso de productos químicos para controlar plagas puede introducir sustancias peligrosas en la cadena alimentaria. La intoxicación alimentaria por pesticidas incrementa riesgos para la salud, como infertilidad y defectos de nacimiento.
Los investigadores reconocen que los pesticidas pueden aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, el uso excesivo y la elección inadecuada de pesticidas prohibidos internacionalmente generan altos niveles de residuos en los alimentos.
Jaime Delgado, abogado especializado en defensa del consumidor, coordinó el tercer monitoreo sobre agroquímicos en alimentos y encontró altos niveles de estos productos. “El problema es muy grande, hay que cambiar el diseño de supervisión de control”, afirmó.
Delgado enfatizó que los agricultores están abandonados y que la falta de fiscalización por parte de las autoridades es una omisión grave. “No existe espacio para indiferencia. ¿Dónde está la reacción del gobierno?”, cuestionó, señalando que todos somos víctimas de esta situación.
¿Qué hacer?
Los peruanos deben exigir al gobierno que priorice la seguridad alimentaria y establezca regulaciones claras sobre las implicaciones éticas y sociales de la inocuidad alimentaria. Además, la autoridad nacional de protección al consumidor, INDECOPI, debería sancionar a las empresas que violen los derechos de seguridad e inocuidad alimentaria, especialmente en relación con el uso excesivo de pesticidas.
La investigación subraya la necesidad de realizar estudios epidemiológicos que evidencien los efectos nocivos de los pesticidas en la salud de los trabajadores agrícolas y el medio ambiente. También se requieren cambios urgentes en la normativa actual para implementar programas de capacitación para agricultores industriales y pequeños productores.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) debe establecer mecanismos para monitorear a distribuidores de pesticidas y agricultores sin experiencia técnica. Además, las cooperativas deberían adoptar medidas adicionales para actuar como verificadores y mejorar el control sobre las prácticas agrícolas de sus socios.