El Poder Judicial impuso 11 años, 11 meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, tras concluir ocho meses de juicio.
Sala recalifica los hechos
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió desvincularse de la acusación fiscal por golpe de Estado y recalificó los hechos como conspiración para golpe de Estado. Según el tribunal, Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta sí tuvieron la intención de quebrantar el orden constitucional, pero el golpe no llegó a ejecutarse.
Los jueces concluyeron que el mensaje a la Nación del 7 de diciembre implicaba el uso de las fuerzas del orden para concretar el quiebre institucional. Sin embargo, la Sala determinó que este acto no constituyó un golpe en curso, sino una conspiración que buscaba habilitarla.
El tribunal impone condena
El tribunal Constitucional estableció la condena de 11 años, 11 meses y 15 días para Castillo, tomando en cuenta la agravante de ser el primer funcionario del país, aunque sin antecedentes penales.
Además, el expresidente fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación, al considerarse que se trataba del mismo hecho valorado en la conspiración.
En paralelo, la Sala absolvió a los policías Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, por falta de pruebas suficientes para acreditar su participación. Infanzón, declarado reo contumaz y actualmente en Suiza, también fue beneficiado debido a que un procesado ausente no puede ser condenado.
Participación de Chávez, Torres y Huerta queda acreditada
El tribunal determinó que Betssy Chávez conocía el contenido del mensaje presidencial y buscó ocultarlo a la prensa de TV Perú. Además, intentó formalizar las medidas inconstitucionales mediante un decreto supremo y, tras el fracaso del golpe, buscó dirigirse a la Embajada de México.
Respecto a Aníbal Torres, se acreditó que formó parte del plan al participar en la reunión del 6 de diciembre donde se redactó el mensaje. El tribunal añadió que el ex premier abrazó a Castillo tras la lectura del discurso, confirmando su apoyo.
En el caso de Willy Huerta, la Sala concluyó que fue “parte del acuerdo” para el golpe, pues presenció el mensaje, prestó su celular a Castillo y ordenó el retiro de rejas del Palacio de Gobierno después del anuncio.
Castillo acepta responsabilidad
Durante su autodefensa, Pedro Castillo asumió la responsabilidad exclusiva del fallido golpe, intentando librar de culpa a Chávez y Torres. “Nada tuvieron que ver con esta responsabilidad que es mía”, dijo ante los jueces.
Afirmó que ninguno de sus ministros conocía el contenido del mensaje y que intentó tranquilizarlos después del anuncio. También sostuvo que el discurso que leyó fue una versión preparada para el Congreso, versión que contradice lo expuesto por la Fiscalía.
Castillo afirmó que el pronunciamiento no constituyó un golpe de Estado, sino la expresión de un “clamor popular”. Además, negó ser golpista o terrorista, insistiendo en su identidad como “maestro” y “campesino”.
La sentencia afecta sus aspiraciones políticas
Si la condena queda firme, Pedro Castillo quedará inhabilitado para postular a cargos públicos, incluida su intención de candidatear al Senado por Juntos por el Perú. Lo mismo ocurriría con Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México, quien también busca llegar al Congreso.
Además, la sentencia deberá precisar si se impone la reparación civil solicitada por la Procuraduría General del Estado, superior a S/65 millones por los daños ocasionados al país durante el intento de golpe.