El pleno del Congreso se prepara para debatir una nueva legislación que modificará aspectos cruciales en la contratación de obras públicas en Perú.
Estos cambios podrían tener repercusiones directas en la inversión pública y en la ejecución de proyectos.
¿Qué causales se encuentran entre las modificaciones propuestas?
Entre las modificaciones propuestas se encuentran las causales para anular un proceso de selección o contrato, así como la aprobación de prestaciones adicionales.
En consecuencia, estos elementos podrían influir en la cantidad de obras paralizadas en el país.
¿Qué son los adicionales de obra ?
Los adicionales de obra surgen como consecuencia de eventos imprevistos durante la ejecución de un proyecto, lo que conlleva a costos adicionales.
Estos son considerados un factor importante en la paralización de obras, ya que la falta de recursos financieros es citada como la razón principal por las entidades públicas para detener la ejecución de proyectos.
La nueva legislación busca brindar mayor flexibilidad en la aprobación de estos adicionales, con el objetivo de evitar paralizaciones innecesarias.
¿Cuáles son los cambios en la aprobación de adicionales de obra?
Según el dictamen propuesto, se plantea aumentar el umbral para la aprobación de adicionales de obra.
La entidad contratante podrá autorizar incrementos de hasta el 25% del monto original del contrato, con la posibilidad de reducir estos adicionales en el mismo porcentaje.
Sin embargo, para aumentos superiores, se requerirá la aprobación de la Contraloría.
Estos cambios buscan brindar mayor margen de maniobra a las entidades públicas para garantizar la continuidad de las obras.
¿Qué cambio se da en las obras públicas bajo el sistema de «entrega de solo construcción»?
En el caso de las obras públicas bajo el sistema de «entrega de solo construcción», se introducen cambios significativos en los incrementos que pueden autorizarse.
La entidad seguirá teniendo la capacidad de aprobar adicionales de hasta el 15% del costo original por sí sola.
Sin embargo, se establecen excepciones para aumentar estos extras. Un aumento del 15% al 30% solo será aprobado si la entidad cuenta con los recursos necesarios después de deducir los presupuestos vinculados.
Por otro lado, un aumento del 30% al 50% requerirá la aprobación de la Contraloría.
¿Cuál es la perspectiva sobre el cambio propuesto en la ley?
A consideración del socio del Estudio Echocopar, Juan Carlos Morón, el cambio es positivo porque daría mayor espacio a las instituciones públicas para garantizar la continuidad de las obras.
“El umbral entre 15% a 30% es un rango adicional para que las entidades lo aprueben sin recurrir a la Contraloría. Tenemos un montón de paralizaciones que se generan por falta de adicionales y se van a espacios arbitrales”, señala.
Por su parte, Willy Pedreschi, socio del Estudio Miranda & Amado, «el nuevo límite contribuirá a solucionar de manera más ágil conflictos que actualmente, bajo la legislación existente, generan disputas entre los contratistas y el Estado».
¿Qué riesgos se plantean?
A pesar de los beneficios que podría traer consigo esta flexibilización, existen preocupaciones sobre la falta de claridad en los criterios para determinar los vicios trascendentes que justificarían la anulación de un contrato.
Esta falta de precisión podría aumentar la discrecionalidad de los funcionarios y generar controversias en la ejecución de los proyectos.
En esa línea, ambos especialistas señalan la necesidad de establecer parámetros claros que eviten la discrecionalidad y brinden seguridad jurídica a todas las partes involucradas.
