La reciente aprobación de la reforma del sistema de pensiones en Perú generó un amplio debate, no solo por los cambios generados, sino también por las repercusiones que tendrá sobre los pensionistas actuales y futuros. Esta reforma pretende corregir diversas deficiencias en los sistemas de la ONP y AFP.
De acuerdo con Fiorella Floreano, MBA y Coordinadora de la Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, tras promulgarse la ley el pasado 24 de septiembre, estos son algunos puntos clave para entender el impacto estas modificaciones en los pensionistas.
La sostenibilidad en el centro de la reforma
Uno de los principales objetivos de esta reforma es asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Esto se refleja en medidas como el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada.
Mientras que antes los afiliados podían retirarse a los 50 años, ahora deberán esperar hasta los 55. Este incremento busca ampliar los periodos de cotización y, por ende, los fondos acumulados. Sin embargo, esta decisión ha generado dudas, ya que aquellos afiliados que tenían previsto jubilarse antes pueden sentirse frustrados ante este cambio.
Otro punto que causó controversia es la restricción del retiro del 95.5% de los fondos acumulados para los afiliados menores de 40 años. La intención de esta medida es evitar que los afiliados agoten sus fondos de pensión prematuramente, garantizando una pensión vitalicia, teniendo en cuenta que algunos ya que sen visto mermados por los retirados aprobados durante el periodo de pandemia.
Si bien esto puede tener sentido desde el punto de vista de la seguridad financiera, limita la libertad del afiliado de decidir sobre el destino de su dinero.
Impacto en los trabajadores independientes
Una novedad importante es la inclusión de los trabajadores independientes en el sistema de pensiones. A partir de 2025, aquellos que emitan recibos por honorarios estarán obligados a realizar aportes, comenzando con un 2% que incrementará progresivamente hasta llegar al 5% en 2033.
Esta medida busca ampliar la base de cotizantes y fortalecer el sistema, pero también generó preocupación entre los trabajadores independientes, quienes tradicionalmente no estuvieron obligados a cotizar. Para ellos, este nuevo impuesto podría representar una carga adicional en sus ya fluctuantes ingresos.
El fin de los retiros parciales y totales
Durante la pandemia, los afiliados pudieron realizar retiros parciales o totales de sus fondos para enfrentar la crisis económica. Sin embargo, la nueva normativa prohíbe de manera definitiva estos retiros.
Además, esta decisión es un paso firme para proteger el fondo previsional, pero deja a los pensionistas sin esa opción en futuras emergencias económicas, lo que ha generado cierta desconfianza hacia el sistema.
Innovación en la pensión por consumo
La reforma introduce un mecanismo inédito: la pensión por consumo. Mediante este esquema, el 1% de los importes de ventas registrados en boletas electrónicas será destinado a las pensiones de los afiliados.
A pesar que este mecanismo parece innovador, dependerá de su correcta implementación y de la formalización de la economía para ser efectivo.
Además, los montos aportados podrían ser limitados, dependiendo del nivel de consumo registrado en boletas electrónicas.
¿Un sistema más equitativo o más restrictivo?
La reforma del sistema de pensiones busca fortalecer la sostenibilidad del sistema, ampliar la cobertura a sectores tradicionalmente excluidos y evitar que los afiliados se queden sin fondos en su vejez.
Sin embargo, también introduce una serie de restricciones que, para algunos, pueden verse como limitaciones a su libertad financiera. Los afiliados menores de 40 años tendrán menos opciones sobre el uso de sus fondos, y los trabajadores independientes deberán ajustarse a nuevas reglas de contribución.
Esta reforma representa un avance necesario para corregir las deficiencias estructurales del sistema de pensiones en Perú, pero su éxito dependerá de la adecuada implementación de las nuevas normativas y de la capacidad del Estado para garantizar que los cambios no afecten negativamente a los afiliados.
Por su parte, los pensionistas deberán adaptarse a un entorno más regulado y a un sistema que prioriza la sostenibilidad sobre la flexibilidad.