Un proyecto de ley en el Congreso de la República avanza con la intención de ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes. Sin embargo, analistas advierten que esta medida podría afectar la calidad de los trabajadores que accedan a puestos de trabajo en el Estado.
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que busca reconocer cualquier experiencia laboral obtenida por los postulantes en entidades del Estado antes de su egreso de una carrera universitaria o técnica, e incluso antes de realizar sus prácticas preprofesionales o profesionales.
¿De que trata el dictamen?
El dictamen señala que el trabajo realizado por estudiantes de nivel superior antes de su formación académica universitaria o técnica será considerado como «experiencia general no profesional» para el desempeño en la actividad pública o privada.
Este documente se elaboró en base al proyecto de ley N° 6692/2023-CR y fue presentado por el congresista Flavio Cruz de Perú Libre. Ahora, deberá ser debatido en el Pleno del Congreso en la próxima legislatura que inicia en agosto.
Prácticas preprofesionles y profesionales
Desde 2022, mediante la ley N° 31396, se reconoce como experiencia laboral las prácticas preprofesionales y profesionales realizadas en entidades públicas y privadas. Sin embargo, esta nueva propuesta busca dar un paso más allá y reconocer cualquier experiencia laboral previa, incluso si no está relacionada con el cargo al que se postula.
La abogada laboralista, Gloria del Carmen Rodríguez , critica esta medida, señalando que podría permitir la contratación de personas sin experiencia relevante para el puesto al que postulan.
«Podría tener experiencia solo como secretaria y luego ser contratada como abogada. Eso no tendría sentido», enfatizó Rodríguez.
Prácticas en el Estado
Otro punto del dictamen establece que solo se acreditará como «experiencia general no profesional» la obtenida en el sector público, excluyendo la experiencia en el sector privado.
Rodríguez explica que esto se debe a que en el Estado hay una mayor correlación entre el nombre de los puestos y la labor efectivamente realizada. La medida podría beneficiar a quienes tienen labores en el Estado como secretarias, técnicos administrativos y asistentes de secretaría.
Aunque el proyecto se enfoca en las convocatorias del sector público, el dictamen también podría aplicarse en el sector privado. Lo cual podría complicar los procesos de selección de personal.
Rodríguez advierte que, si se convierte en ley, las empresas privadas deberán aplicar el nuevo criterio en sus procesos de selección para evitar acusaciones de discriminación y posibles multas por parte de Sunafil.
Convocatorias laborales
En el sector público, las convocatorias laborales suelen incluir dos categorías de experiencia profesional:
- Experiencia general: Relacionada a cualquier ámbito del desarrollo profesional del postulante
- Experiencia específica: Requiere que el profesional haya desempeñado funciones similares o directamente relacionadas con el cargo al que postula
El nuevo dictamen propone una tercera categoría:
- Experiencia laboral no profesional: Obligaría a Servir a modificar los perfiles de las convocatorias laborales para incorporar esta nueva categoría.
El abogado laboralista del Estudio Payet, Brian Ávalos, también se opone a la iniciativa, advirtiendo sobre el riesgo de contratar personas no capacitadas para los puestos.
«En el sector privado, contratar mal solo afecta a los accionistas y trabajadores de la empresa. En el Estado, si baja la calidad del funcionario público, nos afectamos todos», remarcó.
Ávalos señala importancia de que Servir, como organismo especializado en la materia, emita una opinión técnica sobre el impacto de esta medida.
La aprobación de este proyecto de ley podría tener implicaciones significativas para la gestión del talento en el Estado y el sector privado. Requiriendo un análisis cuidadoso y una implementación responsable para evitar efectos negativos en la calidad del empleo público y privado.
