El Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 010-2025 que dispone la reorganización patrimonial de Petro-Perú mediante la división de sus activos en bloques autónomos, incluyendo la Refinería de Talara.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que la medida no tiene como objetivo una eventual privatización ni liquidación de la empresa estatal.
“Petroperú debe mantenerse como empresa pública, pero con una gestión eficiente. No estamos conduciendo a una privatización ni a una liquidación”, declaró en entrevista con RPP.
Álvarez indicó que ProInversión realizará una evaluación técnica de cada unidad productiva de la compañía. El proceso definirá si alguna requiere inversión privada bajo esquemas mixtos, si otras deben mantenerse bajo control estatal o si ciertas unidades deberán ser liquidadas.
Disposiciones financieras y laborales
El decreto establece un aporte de capital de S/240 millones durante el año fiscal 2026 para cubrir beneficios sociales de trabajadores que serán cesados en el proceso de reorganización.
La norma dispone que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, el Directorio de Petro-Perú apruebe una nueva estructura orgánica que incluya acciones de reconversión y reducción de personal.
La terminación de contratos se aplicará bajo el marco del Decreto Legislativo 728, que permite el cese por causas objetivas con la obligación de otorgar compensaciones.
Asimismo, el Decreto de Urgencia autoriza la transferencia de hasta S/144 millones a ProInversión para el diseño y ejecución integral de la reorganización patrimonial.
Estos recursos estarán destinados a la gestión de activos estratégicos, administración de pasivos e incorporación de operadores privados bajo estándares internacionales.
Impacto en proveedores y servicios
El premier aseguró que la reorganización no afectará los derechos laborales de los trabajadores ni la continuidad de los servicios públicos que presta la empresa.
Añadió que uno de los objetivos es evitar el colapso de la cadena de pagos, dado que múltiples pequeñas y medianas empresas proveedoras se encuentran en riesgo por la situación financiera de la petrolera.
Reacciones sindicales
Las federaciones de trabajadores de Petro-Perú manifestaron su rechazo a la medida, calificándola como un mecanismo que fragmenta la compañía. Los gremios convocaron a sus bases a oponerse a la implementación del decreto, principalmente por el impacto en el empleo.