La minería ilegal se consolidó como la principal economía criminal del Perú, con un movimiento de US$8,200 millones de origen delictivo en los últimos siete años, superando al narcotráfico.
Así lo advirtió la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), que además alertó sobre el riesgo que enfrentan US$63,000 millones en inversiones mineras formales por un proyecto de ley en el Congreso.
Los distritos con mayor concentración de minería ilegal Cómo Pataz (La Libertad), Atico (Arequipa) y Ananea (Puno); registran tasas de homicidios hasta diez veces superiores al promedio nacional, según el gremio. Son las zonas más peligrosas del país, con una conexión documentada con la actividad minera ilegal.
El proyecto de ley en cuestión
La SNCI expresó su rechazo formal a la aprobación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso del dictamen del Proyecto de Ley N° 8853-2024-CR, que introduce modificaciones sustantivas a las condiciones económicas de las concesiones mineras. El gremio denunció que fue aprobado sin consulta técnica a los actores y asesores del sector.
La cartera de proyectos mineros formales asciende a US$63,000 millones. Esa cifra representa hospitales, carreteras, escuelas y empleos que dependen de que el país mantenga condiciones estables para la inversión.
Riesgo de lavado de activos
La SNCI reconoce la necesidad de una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), pero advierte que normas mal diseñadas pueden convertirse en puerta de entrada para redes de narcotráfico y lavado de activos.
El gremio hizo un llamado al Congreso, al Ejecutivo, a la PCM y al Minem para convocar a un diálogo técnico amplio antes de avanzar con cualquier modificación normativa. “El Perú no puede darse el lujo de ahuyentar inversión formal mientras la minería ilegal sigue expandiéndose”, sostuvieron.