El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha incorporado en su Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para 2025 un nuevo rescate para Petroperú. Esta empresa contará con un plazo hasta el 31 de julio de 2028 para devolver los US$ 750 millones que recibió del Estado peruano en mayo de 2022.
La inyección de capital resultó crucial para asegurar el suministro de combustibles en el mercado nacional, dado los problemas de liquidez que enfrenta la petrolera estatal. Además, se incrementarán las garantías con el Banco de la Nación por un total de US$ 1.000 millones.
Las medidas, solicitadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través del Informe N° GCPG-0658-2024, incluyen la extensión del plazo para el reembolso de documentos. También se contempla la capitalización de apoyo financiero y préstamos provenientes del Banco de la Nación.
El MEF señala que estos factores han debilitado la capacidad de Petroperú para cumplir con sus obligaciones financieras y operativas. A pesar de recibir apoyo financiero del gobierno, este ha resultado “insuficiente para revertir su deterioro” y mejorar su situación.
¿Qué propone el MEF?
El MEF presenta dos medidas que extienden hasta el 31 de julio de 2028 el plazo para devolver el préstamo de US$750 millones otorgado a Petroperú en mayo de 2022. También se amplía la Garantía del Gobierno Nacional por US$1.000 millones, relacionada con la línea de crédito del Banco de la Nación para la compra de petróleo.
En febrero de este año, el Gobierno peruano había promulgado el Decreto de Urgencia Nº 004-2024, que extendía el plazo de pago hasta el 31 de diciembre de 2024. Con la nueva disposición, el reembolso de los US$750 millones se podrá realizar hasta el 31 de julio de 2028, conforme a una propuesta del directorio de Oliver Stark en Petroperú.
En septiembre de 2023, el anterior directorio, liderado por el ingeniero Pedro Chira, intentó sin éxito capitalizar el préstamo millonario. Este intento buscaba iniciar una nueva fase de reestructuración para la empresa, pero no logró concretarse.
El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, aún debe aprobar el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025 ante el Congreso. Por lo tanto, el Legislativo tomará decisiones que determinarán el futuro de Petroperú, luego de que el MEF ya solicitó a considerar su posible retorno al Fonafe.
El MEF busca asegurar que las medidas propuestas se implementen de manera efectiva para mejorar la situación de Petroperú. La atención ahora se centra en cómo el Congreso responderá a estas solicitudes y qué impacto tendrán en la empresa estatal.
Renuevan directiva en Petroperú
Oscar Vera Gargurevich es considerado como candidato directivo de Petroperú luego de su encuentro con la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, él ha calificado estas menciones como rumores y no ha recibido una oferta formal.
A pesar de la ausencia de una propuesta oficial, Vera se muestra preparado y dispuesto a asumir un nuevo rol en la empresa petrolera. Su trayectoria abarca más de 40 años en la industria, con experiencia en operaciones en diversas localidades como Lima, Talara, Iquitos y Conchán.
La dirección de Petroperú, Oliver Stark, ha emitido un comunicado que subraya la necesidad de tomar decisiones críticas para garantizar la estabilidad de la empresa. Las declaraciones de Stark reflejan una firme intención de no permitir la inacción del Poder Ejecutivo frente a los retos que enfrenta la organización.
El futuro de Petroperú sigue siendo incierto mientras se discuten posibles cambios en su liderazgo. La situación actual exige atención y acción para asegurar la continuidad operativa y el bienestar de la empresa estatal.
Empresarios preocupados por cambios en Petroperú
Las asociaciones gremiales relacionadas con la Confiep han expresado su inquietud sobre la posible decisión de la presidenta Dina Boluarte de cambiar al directorio de Petroperú. Estas organizaciones cuestionan la idoneidad y la transparencia de algunos funcionarios que podrían ser nombrados para el cargo.
Los gremios empresariales defienden que los actuales funcionarios han trabajado con honestidad y transparencia. Argumentan que su posible destitución se debe a la revelación de la complicada situación financiera de la empresa estatal.
Este cambio repentino, según los gremios, perjudicaría la gobernanza independiente que debe tener cualquier empresa, ya sea estatal o privada. En su opinión, esta acción atentaría contra los principios de gestión que se esperan de una entidad pública.
En julio, la presidenta Boluarte destacó la necesidad de contar con los mejores profesionales en las instituciones clave del país. Los gremios han recordado este mensaje, advirtiendo que un cambio en la dirección de Petroperú podría desviar esas intenciones.
Además, los gremios advierten que las consecuencias de este cambio podrían impactar negativamente en la clasificación de riesgo país. Esto, a su vez, podría encarecer aún más los créditos para los ciudadanos peruanos, generando un efecto domino en la economía.