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MEF destina más de 70 millones a gobiernos locales para financiar 13 proyectos agrarios

Bajo la responsabilidad de los beneficiarios, los fondos transferidos mediante este decreto supremo deben ser utilizados exclusivamente para los fines establecidos originalmente.
Por Valeria Crespo
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sector agrario

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha aprobado una transferencia de 70 millones 761,490 soles, destinada a diversos gobiernos locales, para respaldar 13 proyectos agrarios. Esta medida se llevó a cabo mediante el Decreto Supremo N° 031-2024-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.

¿Qué dispone la ley sobre el fondo Sierra Azul?

Esta iniciativa busca fortalecer la agricultura en varias regiones, fomentando el crecimiento económico y el bienestar de las comunidades locales.

El fondo Sierra Azul, enmarcado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, se encarga de financiar proyectos relacionados con el riego, apoyo al desarrollo productivo y tecnificación agrícola.

Estas iniciativas, presentadas por los tres niveles de gobierno, son supervisadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), así como por gobiernos regionales y locales.

¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos?

Los proyectos deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Formar parte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
  • Contar con expedientes técnicos aprobados y registrados en el Banco de Inversiones.
  • Estar incluidos en la cartera de inversiones correspondiente.

Por ello, el Midagri es responsable de monitorear el avance de las inversiones, tanto física como financieramente. Asimismo, se debe aprobar la distribución de los recursos dentro de los cinco días calendario de la vigencia del decreto supremo.

¿Los recursos transferidos pueden utilizarse para otros fines?

Esta medida busca fortalecer el desarrollo agrario en diferentes regiones del país, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar de las comunidades locales.

Por lo tanto, los recursos transferidos no pueden ser utilizados para fines distintos a los previamente establecidos, siendo responsabilidad de los beneficiarios garantizar su correcta utilización.