El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, anunció recientemente un plan de «saneamiento tributario» destinado a aliviar las deudas de las empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19.
¿En qué consiste el plan de «saneamiento tributario»?
Este plan de saneamiento tributario busca abordar las deudas pendientes hasta el 2023, ofreciendo un fraccionamiento especial que permitiría a los contribuyentes acceder a un bono de descuento basado en el nivel de deuda, siempre que se cumpla con los pagos acordados.
Además, este programa forma parte de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo y está diseñado para beneficiar a más de un millón de contribuyentes.
La ley propone «aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la Sunat, que constituyan ingresos del tesoro público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023, para incentivar el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo».
Por su parte, Walker Villanueva, socio de impuestos y comercio internacional en PPU, recordó que una amnistía tributaria significativa ocurrió en 2001, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, bajo el régimen del Sistema Especial de Administración Tributaria (SEAT). Desde entonces, las políticas públicas evitaron las amnistías tributarias, ya que desalientan el cumplimiento regular de los tributos.
Por otro lado, Jorge Picón Gonzales, socio del estudio jurídico Picón & Asociados, comparó el nuevo plan de «saneamiento tributario» propuesto por el Gobierno actual con la Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (Resit) de 2002, un sistema que permitió a los contribuyentes resolver litigios relacionados con intereses, multas e impuestos mediante la eliminación de multas, la conversión de intereses por inflación y el pago de impuestos pendientes.
El abogado destacó que esta nueva medida podría reducir significativamente la cantidad de litigios, beneficiando tanto a los contribuyentes como a la Sunat. Sin embargo, criticó que en el pasado se haya limitado el beneficio solo a deudas en litigio, sugiriendo que el nuevo plan debería incluir todas las deudas, para que los contribuyentes puedan regularizar su situación sin enfrentar multas adicionales.
Según Picón, estos planes de saneamiento actúan como un mecanismo para «desatorar» el sistema tributario. La idea es que al ofrecer facilidades para el pago de deudas, se reduce la acumulación de litigios y se facilita la regularización de las obligaciones fiscales.
Además, Picón resaltó la importancia de una comunicación efectiva por parte de la Sunat para el éxito del plan, recordando que iniciativas similares en el pasado fracasaron debido a una deficiente difusión.
¿Es una Amnistía?
El abogado tributarista Walker Villanueva señaló que, aunque la normativa se refiere a un «fraccionamiento», en esencia se está proponiendo una amnistía tributaria.
Además, explicó que el fraccionamiento tradicional implica el pago de deudas tributarias en cuotas, con un interés compensatorio, tal como lo regula el Decreto Legislativo correspondiente.
Sin embargo, lo que se plantea ahora es un esquema distinto, diseñado para evitar una percepción negativa que pueda afectar la recaudación fiscal.
Villanueva señaló que las amnistías tributarias suelen tener un efecto contraproducente, ya que favorecen a quienes no cumplieron con sus obligaciones mientras penalizan a los contribuyentes cumplidores.
A pesar de ir en contra del objetivo de fomentar una cultura de cumplimiento tributario, Villanueva señaló que el Gobierno parece priorizar la recaudación rápida, aunque esto implique una reducción del stock de deuda. Las amnistías tributarias pueden ofrecer un alivio financiero para las empresas, especialmente en un contexto de crisis económica.
Por ello, aunque la medida se extienda más allá del impacto directo de la COVID-19, Villanueva considera que una amnistía tributaria puede ser oportuna en el actual escenario de incertidumbre y falta de inversión, beneficiando tanto a las empresas como al Estado, que podría aumentar su recaudación inmediata.
Posibles efectos negativos
Por otro lado, Sandro Fuentes, exsuperintendente de Sunat, consideró que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo coinciden en esta estrategia de recaudación, lo cual es loable.
Sin embargo, se mostró cauto al señalar que esta medida podría ser una forma de refinanciación de la deuda tributaria y que, si bien es una buena idea para aumentar la recaudación, también podría tener efectos negativos.
Según el exsuperintendente, pueden incluir el riesgo de enviar un mensaje equivocado a los deudores reticentes, incentivándolos a esperar hasta futuros fraccionamientos en lugar de pagar sus deudas de inmediato.
En línea con Fuentes, Picón mencionó que otro desafío radica en cómo se manejarán las deudas coactivas ya en proceso de ejecución.
Asimismo, señaló que algunas empresas están en cobranza coactiva desde hace más de 20 años debido a la falta de bienes embargables.