El pasado 8 de setiembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de su titular, Kurt Burneo, dio a conocer el plan Impulso Perú, en aras del crecimiento económico del país.
Dicho plan tiene la intención de restaurar la confianza empresarial, recuperar la inversión, sobre todo en proyectos de infraestructura, y ejecutar mayor presupuesto público, es decir inversión pública.
Asimismo, el titular de la cartera, espera que el programa no solo estimule la creación de empleo, la inversión y el crecimiento a corto plazo, sino que también revierta la tendencia a la baja a largo plazo del PBI potencial mediante una mayor competitividad y cerrando las brechas de infraestructura.
En términos desagregados, el plan destinará S/ 5300 millones, lo cual representa 0.55% del PBI, en obras de inversión pública para ser ejecutadas en su mayoría durante el 2023, mientras que otros S/ 5200 millones (0.54% del PBI) serán destinados a medidas para estimular el gasto privado.
La principal intención que persigue el programa a través de estas medidas es crear más de 200000 puestos de trabajo en los próximos 12 meses y aumentar el crecimiento del PBI en alrededor de 0.6 puntos porcentuales (p.p) en el año corriente y en torno a 0.8 p.p en el 2023.
¿El plan funcionará?
De acuerdo a los analistas de Scotiabank Research, es muy probable que el plan no funcione en el 2022, pues faltan menos de cuatro meses para el término del año, y este tipo de medidas toman más tiempo para su ejecución y/o tengan un impacto significativo.
Asimismo, el impacto que se daría a partir del próximo año estará sujeto a una serie de factores, y que de los cuales no todos están bajo el control del MEF.
Una primera cuestión a considerar, es que gran parte del dinero destinado a la inversión pública no consiste realmente en nuevos recursos, sino que representa una promesa para mejorar el gasto en proyectos que ya están incluidos en el presupuesto de 2023, así como reactivar proyectos paralizados.
En línea con lo anterior, se debe tener en cuenta que el Perú no tiene un buen historial en cuanto a la ejecución de medidas de estimulo fiscal, dada la baja capacidad de gasto en los diferentes niveles de gobierno.
A lo anterior se le suma la pobre coordinación dentro del gabinete actual, y la reducción en gasto que siempre ocurre en los años que siguen a la elección de nuevas autoridades regionales y locales.
Por si fuera poco, el escenario se puede tornas más complicado ya que varias de las iniciativas requerirán la aprobación del Congreso, acción que hoy en día no es fácil de conseguir dado el nivel de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En contraste, en Scotiabank Research alegan que el hecho de que el MEF centre la inversión en infraestructura en el sector privado a través de Asociaciones Público Privadas (APP) es una cuestión positiva, ya que reflejan una mentalidad favorable a la inversión privada.
Por último, es muy probable que la expansión de los beneficios fiscales a las empresas se da con la intención de restaurar la confianza, no obstante, el recuperarla requerirá específicamente un cambio en el entorno político y en la narrativa general anti empresarial que ha surgido del gobierno.
